La reestructuración de las agencias federales de salud, liderada por el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., ha desatado una tormenta política en Washington. Kennedy defendió enérgicamente su plan ante el Congreso, negando haber despedido científicos o retenido fondos para investigaciones cruciales, pese a las crecientes acusaciones en su contra. Su comparecencia se produjo en un contexto de profunda controversia, avivada por sus conocidas posturas críticas hacia la vacunación y su enfoque en las causas ambientales del autismo, alimentando la desconfianza de muchos legisladores.
Según la investigación publicada por The New York Times, la aparición de Kennedy en el Capitolio, la primera desde su nombramiento, tenía como objetivo promover el presupuesto del Presidente Trump para el próximo año fiscal. Sin embargo, su testimonio se transformó rápidamente en una serie de acaloradas discusiones con los demócratas, quienes cuestionaron los despidos masivos y los recortes al financiamiento de la investigación que ya ha implementado.
La reforma del departamento de salud, impulsada en parte por Elon Musk y su equipo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, contempla la supresión de 20,000 puestos de trabajo, lo que representa una cuarta parte de la fuerza laboral sanitaria. Además, fusiona agencias enteras, incluidas las dedicadas a la salud mental y el tratamiento de adicciones, así como la preparación para emergencias, en una nueva «Administración para una América Saludable» de contornos imprecisos. Esta reorganización ha sido calificada de drástica y ha generado serias dudas sobre su impacto en la salud pública.
En el centro del debate se encuentra la cuestión de la financiación de la investigación sobre el autismo. Kennedy ha insistido en que los estudios financiados con fondos federales se centren exclusivamente en la identificación de «toxinas ambientales», un término que, según sus críticos, es un eufemismo para las vacunas. Argumenta que durante los últimos 20 años, la investigación se ha centrado desproporcionadamente en las causas genéticas, en lugar de examinar los factores ambientales. Esta postura ha generado preocupación entre los científicos, quienes temen que se estén dejando de lado importantes líneas de investigación.
Las afirmaciones de Kennedy también han sido puestas en tela de juicio por la comunidad científica y por legisladores de ambos partidos. El Secretario de Salud declaró ante el Comité de Salud del Senado que ninguna vacuna actual, excepto las de la COVID-19, había sido probada contra un placebo. Esta afirmación fue inmediatamente contradicha por el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, quien señaló que las vacunas contra el rotavirus, el sarampión y el VPH sí habían sido evaluadas de esa manera.
Además, la afirmación de Kennedy de que «no ha despedido a ningún científico en activo» contradice la realidad. Cientos de científicos de los Institutos Nacionales de Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos han perdido sus puestos de trabajo como parte de su plan para reformar el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La administración Trump también ha congelado o cancelado decenas de becas de investigación en instituciones académicas, muchas de ellas procedentes de los Institutos Nacionales de Salud, que están bajo la supervisión de Kennedy. La Universidad de Columbia, por ejemplo, ha experimentado importantes recortes en más de 300 subvenciones federales, muchas de ellas para investigación médica.
