El Congreso de la República se encuentra en la antesala de un debate crucial sobre la investigación a la presidenta Dina Boluarte. La agenda del pleno prioriza la solicitud de la Comisión de Fiscalización, liderada por Juan Burgos de Podemos Perú, para obtener facultades especiales que permitan indagar en el presunto abandono del cargo por parte de la mandataria. Este proceso se da en un contexto político tenso, marcado por constantes interpelaciones y mociones de censura contra diversos ministros del gabinete, reflejando la fragilidad de la gobernabilidad actual.
Según la investigación publicada por El Comercio, la petición de la bancada de Podemos Perú para que la Comisión de Fiscalización obtenga facultades de comisión investigadora fue priorizada durante la Junta de Portavoces, abriendo la puerta a un escrutinio más profundo de la gestión presidencial.
La controversia central radica en el periodo comprendido entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023. La Comisión busca esclarecer si la ausencia de Dina Boluarte durante este lapso, aparentemente motivada por una cirugía estética, configuró un abandono de funciones y un vacío de poder. El plazo de investigación propuesto es de 60 días hábiles, durante los cuales se espera determinar responsabilidades políticas, constitucionales, civiles, penales y administrativas, así como formular las recomendaciones pertinentes al caso. Esta solicitud ocurre en un año preelectoral, donde la imagen pública de los políticos está bajo la lupa.
Las declaraciones del entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, realizadas en diciembre de 2024 ante la misma Comisión de Fiscalización, han cobrado relevancia. Otárola reveló que Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en la nariz, aunque manifestó desconocer si se presentó un certificado de descanso médico. Este testimonio alimenta las sospechas sobre una posible falta de transparencia en la gestión de la salud de la mandataria.
Asimismo, el testimonio de Suzie Sato, exjefa de prensa de Palacio de Gobierno, añade otra capa al caso. Sato informó que durante el periodo en cuestión no se realizaron publicaciones en el portal web de la Presidencia debido a la ausencia de actividades oficiales. Añadió que la información proporcionada al área de prensa sobre la ausencia de Boluarte se atribuyó a un “mal bronquial”, sin mencionar la cirugía. La revelación de Sato expone una posible discrepancia entre la versión oficial y la realidad de los hechos.
La Comisión de Fiscalización argumenta que estas declaraciones constituyen “indicios razonables” que sugieren una alta probabilidad de que Boluarte se ausentara de sus funciones durante la intervención quirúrgica y el postoperatorio, generando un vacío de poder sin informar al Congreso. La falta de un certificado médico de descanso, la reiterada inasistencia del cirujano plástico Mario Cabani a las sesiones de la Comisión, la inexistencia de agenda oficial durante el periodo cuestionado y la supuesta falta de transparencia por parte de Boluarte y sus colaboradores son elementos clave que sustentan la solicitud de facultades investigadoras.
En consecuencia, la moción presentada ante el pleno del Congreso resalta la necesidad de otorgar facultades especiales a la Comisión de Fiscalización para acceder a información clave y garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas. Se busca esclarecer si la ausencia de la presidenta afectó la continuidad del gobierno y si se cumplieron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. La decisión del Congreso tendrá un impacto significativo en la percepción pública de la gestión presidencial y en el clima político del país.
