El Tribunal Constitucional (TC) analizará en mayo la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público, que busca impedir que la presidenta Dina Boluarte sea investigada mientras ejerce el cargo. La decisión, de ser favorable, blindaría a la mandataria hasta el fin de su gestión. La audiencia más reciente se llevó a cabo el 24 de abril en Arequipa.
El Ejecutivo solicita que se delimite el alcance de la inmunidad presidencial establecida en el artículo 117 de la Constitución. En el documento, Boluarte argumenta que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han vulnerado sus atribuciones al abrir investigaciones penales por casos como Eficcop, Rolex, muertes en protestas y presunto enriquecimiento ilícito.
Durante la audiencia, Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, respaldó la postura de que un presidente no debe ser investigado por el Ministerio Público durante su mandato. Afirmó que dicha facultad corresponde únicamente al Congreso. Gutiérrez instó al TC a emitir un fallo que clarifique esta atribución y evite lo que calificó como “caos institucional”.
Sin embargo, el rol del Congreso ha sido cuestionado por su falta de fiscalización efectiva hacia Boluarte. Diversas comisiones rechazaron investigar casos como el del “cofre presidencial” y archivaron mociones de vacancia. Esta inacción parlamentaria debilita el argumento de control político real.
La actuación de Gutiérrez también generó dudas sobre su imparcialidad, al presentar un amicus curiae en favor de Boluarte y ser visto en compañía de Ernesto Blume, expresidente del TC y cercano a la mandataria, poco antes de la audiencia.
La resolución del TC marcará un precedente crucial sobre los límites de la inmunidad presidencial y el equilibrio entre poderes en el Perú.
