El Poder Judicial ratificó en segunda instancia la condena contra José Luis Gil Becerra, exdirector de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, por el delito de peculado. La Corte Superior de Lima confirmó que el exfuncionario utilizó su cargo para disponer de manera indebida de dos suboficiales de la Policía Nacional, quienes fueron destinados a realizar tareas personales para su familia, en lugar de cumplir funciones oficiales.
La investigación, liderada por la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, demostró que los efectivos policiales asignados a la Digimin realizaban labores domésticas y de transporte para la esposa e hijo de Gil Becerra, bajo la falsa premisa de estar brindando servicios de seguridad. El uso de estos recursos estatales con fines privados fue considerado un claro abuso de poder.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia original, que impone 206 días de servicios comunitarios al exdirector, además de seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 180 días y el pago de S/ 5000 como reparación civil al Estado.
Cabe destacar que Gil Becerra había sido recientemente designado como analista estratégico en la lucha contra la criminalidad, tras la salida del exministro Juan José Santiváñez. Sin embargo, con esta sentencia, queda automáticamente inhabilitado para ejercer dicha función, lo que obliga al Ejecutivo a nombrar un nuevo responsable.
Este caso se remonta a 2019, cuando un reportaje periodístico reveló que los suboficiales Ramos Padilla y Julián Ramón Cáceres, en lugar de desempeñar labores de inteligencia, transportaban a la esposa del funcionario, realizaban compras, limpiaban vehículos y hasta llevaban al hijo de Gil Becerra al colegio.
A pesar de sus intentos por justificar sus acciones como medidas de protección familiar, la justicia determinó que se trató de un uso ilegal de recursos públicos, lo que derivó en su condena por peculado.
