Tras la censura del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, el pasado 21 de marzo, crece la presión sobre los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes estarían implicados en presuntas irregularidades y decisiones cuestionables. A pesar de la salida de Santiváñez, el comando PNP —integrado por Víctor Zanabria (comandante general), Óscar Arriola (jefe del Estado Mayor) y Jhonny Véliz (inspector general)— continúa en funciones, pese a sus vínculos con acciones orientadas a favorecer al Ejecutivo.
Según información de la Fiscalía y declaraciones del capitán Junior Izquierdo, estos oficiales habrían ejecutado órdenes para proteger a la presidenta Dina Boluarte de investigaciones fiscales, comprometiendo la autonomía de la institución. La desactivación del equipo policial especial que apoyaba al Eficcop, tras el allanamiento a la casa de Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, marca el inicio de una presunta persecución contra Harvey Colchado y otros miembros clave.
Víctor Zanabria enfrenta investigaciones por homicidio calificado por omisión, peculado y obstrucción a la justicia. La Fiscalía lo vincula con la muerte de un manifestante en 2023 y con el uso indebido de efectivos policiales en 2020. También es señalado en el caso “Los Waykis en la Sombra”.
Óscar Arriola, si bien no enfrenta investigaciones fiscales formales, fue fotografiado en Panamá junto a Andrés Hurtado, alias “Chibolín”, hoy en prisión preventiva por tráfico de influencias.
Jhonny Véliz también es investigado por presunta obstrucción a la justicia en el marco del caso “Los Waykis”. Se le acusa de medidas disciplinarias arbitrarias contra personal clave en investigaciones sensibles.
Harvey Colchado declaró que no solo debía salir de Santiváñez, sino también el comando PNP, al considerarlos ejecutores de una estrategia fallida contra la criminalidad.
