En Huánuco, un conflicto legal por la propiedad de un terreno de aproximadamente 4000 metros cuadrados en el predio 59 del sector El Tingo ha escalado hasta instancias judiciales. El abogado Carlos Quijano Huaranga, representante de Ethel Mendoza Tucto, sostiene que su patrocinada posee el predio desde 1998, tras adquirirlo mediante contrato de compraventa con el anterior propietario, identificado como Domínguez Santa Cruz, a quien —según afirma— el Ministerio de Agricultura le habría adjudicado el terreno.
De acuerdo con Quijano, la propietaria ha mantenido la posesión de dicho terreno desde entonces, utilizándolo para actividades agrícolas y permitiendo la construcción de viviendas para familiares del cuidador en las zonas laterales del lote. Sin embargo, denuncia que desde hace aproximadamente ocho meses, Omar Alcides Espinosa Puente habría ingresado al terreno, afirmando también ser su legítimo dueño.
Según la versión del abogado, este nuevo reclamante no ha presentado ante ellos ningún documento que respalde su supuesta propiedad, aunque admite que podría haberlo hecho ante las instancias judiciales. No obstante, cuestiona que el ingreso al predio se habría dado sin autorización legal ni resolución judicial, lo cual —según indica— constituye un presunto delito de usurpación.
El caso ya se encuentra judicializado. La parte denunciante ha presentado una demanda de interdicto de retener y ha activado mecanismos ante la Fiscalía y el Juzgado Civil de Huánuco. Quijano aseguró que se ha cerrado el perímetro del terreno para evitar incidentes, y responsabiliza a Espinosa Puente de una reciente irrupción por la parte posterior del predio.
Consultado sobre una posible conciliación, el abogado indicó que en este tipo de procesos no procede este mecanismo, debido a que se trata de derechos reales sobre propiedad.
Finalmente, reiteró que la documentación en poder de su patrocinada acredita una ocupación pacífica y continua desde hace más de 25 años, incluyendo certificados de agua, luz, regadío y constancias vecinales.
Por el momento, será el Poder Judicial quien determine la validez de los documentos presentados por ambas partes y defina la situación jurídica del terreno en cuestión.
