El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria declaró infundado el pedido del Ministerio Público para imponer impedimento de salida del país al exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, quien enfrenta una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La decisión fue tomada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tras analizar los argumentos fiscales y concluir que no se justificaba la restricción del derecho al libre tránsito del exfuncionario.
En su resolución, el magistrado sostuvo que la fiscalía no logró demostrar objetivamente un riesgo de fuga. “La medida bajo análisis no resulta necesaria, en vista que no se habría acreditado mediante datos objetivos el peligro de fuga por parte del investigado. No existe razón suficiente para restringir su derecho fundamental al libre tránsito sin un sustento adecuado”, argumentó Checkley.
Asimismo, el juez observó que Santiváñez, cuando se desempeñaba como ministro, realizó viajes oficiales al extranjero y regresó al país pese a tener investigaciones abiertas, lo que demostraría voluntad de colaborar con la justicia. También desestimó las reprogramaciones solicitadas por su defensa como indicio de conducta obstructiva, señalando que esta es una facultad legítima del investigado.
Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Luis Ballón presentó una serie de pruebas que, según dijo, revelarían un patrón de comportamiento ilícito por parte de Santiváñez. Entre los elementos figuran más de mil mensajes de WhatsApp, archivos de audio y documentos PDF, además de testimonios de testigos protegidos. El Ministerio Público sostiene que el exministro habría invocado influencias ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia, para beneficiario a Miguel Joel Marcelo Salirrosas, alias ‘Tío Jhony’, un expolicía sentenciado por asociación ilícita y usurpación, presuntamente integrante de la red criminal “Los K y K”.
Según el fiscal, Santiváñez solicitó inicialmente 20 mil dólares para interceder a favor del interno y luego continuó manteniendo contacto con la familia del sentenciado, asegurando que sus gestiones continuarían. Incluso, se habría coordinado un cambio de régimen penitenciario para Marcelo Salirrosas e intentó trasladarlo a un penal exclusivo para policías.
Pese a estos señalamientos, el juez concluyó que no hay elementos suficientes para restringir la libertad ambulatoria del investigado mientras continúa la investigación.
