La regulación de seguros en Florida ha generado controversia tras solicitar una recopilación inusualmente extensa de información sobre millones de recetas médicas dispensadas en el estado durante el año pasado. La petición incluye datos sensibles como nombres de pacientes, fechas de nacimiento y los médicos que los atendieron, desatando alarmas sobre la protección de la privacidad individual y un posible abuso de poder gubernamental en el ámbito de la salud.
Según la investigación publicada por The New York Times, la Oficina de Regulación de Seguros de Florida (OIR) requirió esta información en enero a los administradores de beneficios de farmacia (PBMs), como Optum Rx de UnitedHealth y Caremark de CVS Health, empresas que gestionan los servicios de medicamentos recetados para empleadores y programas gubernamentales. Este movimiento ha generado una ola de inquietud debido a la naturaleza intrusiva de la información solicitada.
La justificación oficial de la OIR, según se desprende de una carta dirigida a uno de los administradores de beneficios revisada por el medio estadounidense, es verificar el cumplimiento de los PBMs con una ley estatal de 2023 destinada a reducir los precios de los medicamentos y controlar a estos gestores. Sin embargo, expertos en el ámbito legal y de la salud cuestionan la necesidad de acceder a datos tan específicos para fines de supervisión. La ley de 2023, denominada “Ley de Transparencia y Responsabilidad de los Administradores de Beneficios de Farmacia”, busca, entre otras cosas, exigir mayor transparencia en la forma en que los PBMs negocian descuentos y reembolsos con las farmacias.
Sharona Hoffman, experta en derecho sanitario y privacidad de Case Western Reserve University, advierte sobre el riesgo de que el gobierno busque información sobre áreas delicadas como la atención reproductiva, la atención transgénero o la salud mental. Esta preocupación se intensifica en un contexto donde Florida ha implementado restricciones significativas en el acceso al aborto y la atención transgénero. En abril de 2023, el Gobernador Ron DeSantis firmó una ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo.
En este sentido, los datos solicitados podrían, en teoría, utilizarse para determinar si los médicos cumplen con las leyes estatales restrictivas en materia de salud reproductiva y de género. Por ejemplo, la normativa estatal exige que los médicos que recetan píldoras abortivas las dispensen en persona, no por correo, lo que podría ser rastreado a través de la información de las recetas.
Aunque la OIR no ha emitido una declaración pública detallada sobre el propósito específico de la solicitud de datos, la controversia destaca la creciente tensión entre la necesidad de regular el mercado farmacéutico y la protección de la privacidad de los pacientes. El debate se centra ahora en si el beneficio potencial de esta recopilación masiva de datos justifica el riesgo de posibles abusos y violaciones de la confidencialidad médica.
