El Congreso de Chile aprobó la reforma a la ley de pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric, tras más de dos años de debates. El texto, que ya había sido avalado por el Senado, fue enviado al mandatario para su promulgación. La reforma establece un sistema mixto para las pensiones, con aportes del trabajador, el Estado y los empleadores. Incluye una cotización adicional del 7% a cargo de los empleadores, destinada a la capitalización individual y al seguro social.
Asimismo, la reforma incrementa gradualmente la Pensión Garantizada Universal (PGU), que beneficiará a los adultos mayores con un aumento en sus pagos, comenzando con los más ancianos, como los de 82 años o más. Además, busca fomentar la competencia entre las AFP para mejorar las condiciones de ahorro para los trabajadores.
Aunque celebrada por Boric como un paso histórico, la reforma enfrentó críticas. El Partido Republicano cuestionó su constitucionalidad, mientras que las AFP alertaron sobre su sostenibilidad a largo plazo, advirtiendo que los efectos negativos podrían afectar a futuras generaciones de pensionados.
