Familiares de la menor fallecida denuncian falta de señalización y medidas de seguridad en la obra pública inconclusa
La tragedia que envolvió a la comunidad de Llicua, en el distrito de Amarilis, Huánuco, ha desatado indignación y una denuncia formal por homicidio culposo contra el gobernador regional, Antonio Pulgar, y otros funcionarios responsables de una obra inconclusa. El caso, ocurrido el 15 de enero de 2025, tiene como protagonista a una niña de 13 años, Sayumi de la Cruz Malpartida, quien perdió la vida al caer en un hueco peligroso en una quebrada de la zona.
La menor se encontraba jugando cerca de su casa cuando su pelota cayó a la quebrada Angorragra. En un intento por recuperarla, Sayumi cayó por unas escaleras improvisadas y terminó en un hueco peligroso, que formaba parte de una obra inconclusa de descolmatación de la quebrada. Testigos relatan que vecinos intentaron auxiliarla, pero las condiciones del lugar dificultaron su rescate inmediato.
La menor fue trasladada al Hospital Regional Hermilio Valdizán, donde los médicos no pudieron salvar su vida debido a las múltiples lesiones sufridas. La madre de la víctima, Raquel Malpartida Atachagua, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando que las condiciones de la obra inconclusa y la falta de señalización contribuyeron directamente al accidente.
Obra inconclusa y negligencia
La obra, bajo la responsabilidad del Gobierno Regional de Huánuco, estaba destinada a descolmatar la quebrada Angorragra para evitar desbordes y huaicos en la zona. Sin embargo, el proyecto fue abandonado, dejando peligrosas estructuras sin terminar y sin señalización alguna. Este hecho fue denunciado previamente por la comunidad, pero las autoridades no tomaron medidas.
El alcalde del centro poblado de Llicua, Joel Luna, reveló que habían enviado oficios al Gobierno Regional solicitando la culminación de la obra, pero no recibieron respuesta. “Esta tragedia pudo haberse evitado si hubieran concluido el proyecto a tiempo. Alertamos sobre el riesgo, pero nuestras peticiones fueron ignoradas”, declaró Luna.
Irregularidades en el proyecto
El proyecto de la quebrada Angorragra ha estado rodeado de cuestionamientos desde su inicio. En 2024, la Contraloría General de la República emitió un informe de control concurrente (n.º 056-2024-OCI/5339-SCC), donde se alertaba sobre serias irregularidades, incluyendo un aumento injustificado de S/ 2.4 millones en el presupuesto.
El incremento presupuestal se debió a modificaciones en los planos de estabilización de taludes y cambios en la ubicación del depósito de material excedente. Según el informe, estas modificaciones no debían generar costos adicionales, pero el contratista presentó un sustento para justificar el gasto extra. A pesar de estas alertas, no se tomaron acciones concretas para resolver los problemas del proyecto.
Responsabilidad del gobernador regional
La denuncia presentada por Raquel Malpartida apunta directamente al gobernador regional, Antonio Pulgar, como principal responsable de la negligencia. También se señala a otros funcionarios involucrados en la ejecución y supervisión de la obra. Según la madre de la víctima, la falta de señalización, la inestabilidad de los taludes y la ausencia de medidas de acceso seguro fueron factores determinantes en el accidente.
La comunidad de Llicua, indignada por lo ocurrido, ha decidido tomar acciones de protesta. Pobladores bloquearon la Carretera Central a la altura del puente Saboy, exigiendo justicia y la culminación de la obra. “No podemos seguir viviendo con este riesgo. Exigimos que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen medidas inmediatas”, declaró un representante comunal.
Exigencias de la comunidad
La tragedia ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la ejecución de obras públicas. Los pobladores de Llicua demandan la culminación inmediata de la obra de descolmatación y la implementación de medidas de seguridad en la zona. Además, exigen una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
Por su parte, el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares para investigar las circunstancias del accidente y las denuncias de negligencia administrativa. Este caso podría sentar un precedente importante en la región, ya que evidencia las consecuencias de la corrupción e ineficiencia en la gestión de obras públicas.
DATO
El trágico fallecimiento de Sayumi de la Cruz Malpartida es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la negligencia estatal. La comunidad de Huánuco clama por justicia y exige que las autoridades rindan cuentas por sus acciones. Mientras tanto, la familia de Sayumi enfrenta una pérdida irreparable, buscando respuestas en medio de su dolor.
