PNP identifica a autor intelectual de atentado en Trujillo y refuerza operativos contra el crimen

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó este lunes que el autor intelectual del reciente atentado contra una sede del Ministerio Público en Trujillo es Jimmy Larry Bazán Valderrama, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Compadres’, conocida por su actividad en extorsión y secuestro. Bazán Valderrama, quien se encontraba recluido en el penal de Cajamarca, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Challapalca tras el hallazgo de evidencia que lo vincula al caso.

“Efectivamente, esta persona, que hace tiempo fue retirada del penal de Trujillo y derivada a Cajamarca justamente por su vinculación con estas organizaciones criminales, ha sido identificada por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad como responsable de las amenazas a la señora fiscal de Trujillo,” declaró Zanabria en diálogo con Canal N.

El comandante precisó que, además del ataque a la sede fiscal, Bazán Valderrama habría continuado enviando amenazas a la magistrada encargada de investigar a su organización. “Por eso, se ha dispuesto de inmediato seguridad tanto para ella como para sus familiares. No podemos permitir que la justicia se quiebre mediante el amedrentamiento, porque sería un pésimo precedente para el sistema penal peruano,” añadió.

Un ataque con tintes terroristas

El atentado, calificado por el Gobierno como un “ataque terrorista”, tuvo como objetivo principal amedrentar a la fiscal que está a cargo de la ampliación de la prisión preventiva contra integrantes de ‘Los Compadres’. Según el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, esta organización criminal opera en La Libertad desde al menos 2017 y tiene un amplio historial de actividades delictivas.

En enero de este año, tres presuntos miembros de la banda (Elmer Juliano Gutiérrez Rodríguez, Everlyn Robinson Arteaga Sánchez y Silvana Jaqueline Montoya Pichin) fueron capturados con explosivos en el centro histórico de Trujillo, lo que permitió a las autoridades avanzar en la investigación.

Jimmy Bazán Valderrama ya contaba con antecedentes graves. En octubre de 2021, fue sujeto de una orden de prisión preventiva por 18 meses por un asesinato en el distrito de El Porvenir, una de las zonas más peligrosas de Trujillo. Además, tenía una orden de captura a nivel nacional por otros delitos relacionados.

Hallazgos comprometedores

El traslado de Bazán Valderrama al penal de Challapalca se decidió luego de que, durante un operativo en su celda en Cajamarca, se incautaran celulares, cargadores y anotaciones vinculadas a extorsiones y otras actividades ilícitas. Estos objetos reforzaron las sospechas de su participación como autor intelectual del atentado en Trujillo.

Según la PNP, Bazán Valderrama utilizaba estos dispositivos para coordinar con miembros de su organización, incluso desde la cárcel. “Este tipo de operativos demuestra la necesidad de medidas más severas para combatir la criminalidad organizada,” señaló Zanabria.

Despliegue de fuerzas de seguridad en Trujillo

El ataque, que dejó dos personas heridas y generó daños materiales significativos, ha obligado al Gobierno a intensificar los operativos en la región. El Ministerio del Interior anunció el despliegue de 100 efectivos del Grupo Especial de Respuesta contra el Crimen Organizado (Grecco) y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) en Trujillo.

A la medida se suma la participación de las Fuerzas Armadas. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, confirmó que se duplicará la presencia militar en la ciudad y anunció un proyecto de ley para endurecer las penas por sicariato y extorsión, delitos que han proliferado en regiones como La Libertad.

“Vamos a intensificar la presencia de la PNP y las Fuerzas Armadas para recuperar el control territorial. Además, presentaremos una propuesta legislativa que permita combatir con mayor dureza a las organizaciones criminales,” afirmó Adrianzén en conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, defendió su gestión frente a las crecientes cifras de criminalidad, a pesar de las críticas recibidas. “El gabinete no tiene previsto hacer cambios ministeriales. La disposición final sobre el comentario lo tiene siempre la señora presidenta (…) Pero de momento, la continuidad del gabinete está garantizada,” declaró.

Estadísticas alarmantes de criminalidad

El panorama de inseguridad en el país continúa siendo preocupante. Según datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros 17 días de 2025 se registraron 79 homicidios en todo el territorio nacional. Las regiones más afectadas son Lima (21 asesinatos), seguida del Callao (8), La Libertad (7) e Ica y Piura (5 cada una).

Santiváñez reconoció que estas cifras son inéditas y subrayó que su cartera está trabajando para contener la violencia. Entre las recientes acciones destacadas por el ministro se encuentra la captura de los presuntos responsables del atentado en Trujillo.

Capturas importantes tras el atentado

El Ministerio del Interior informó que, tras una serie de operativos, se logró la captura de los principales implicados en el atentado. Entre los detenidos se encuentra el proveedor de armas para varias organizaciones criminales de la región, así como dos personas encargadas de conducir los vehículos utilizados en el ataque.

Además, fueron arrestados un ciudadano venezolano y su pareja, quienes habrían suministrado tanto los explosivos como el armamento empleado en la operación. Estas detenciones representan un golpe importante contra ‘Los Compadres’ y sus redes de apoyo.

El reto de combatir el crimen organizado

A pesar de los avances en las investigaciones, el caso de ‘Los Compadres’ expone las limitaciones del sistema penitenciario peruano y la capacidad de los reclusos para seguir operando desde las cárceles. Para expertos en seguridad, la clave está en fortalecer los controles internos y las sanciones contra quienes cometen delitos desde los penales.

El traslado de Bazán Valderrama a Challapalca es una medida que busca reducir su influencia desde prisión. Sin embargo, las autoridades advierten que se requiere una estrategia más integral para evitar que las bandas criminales sigan operando con impunidad.

“No podemos permitir que las organizaciones criminales intimiden a las autoridades ni a la población. Este caso es una muestra de que el Estado está tomando acciones firmes, pero debemos mantenernos vigilantes,” concluyó Zanabria.