Fiscalía Ambiental constató que 20 mil pobladores corren peligro y dron verificó mal estado de la parte alta del cerro de Llicua
La quebrada Agorragra, en el distrito de Amarilis, Huánuco, es hoy sinónimo de tragedia, negligencia y una gestión fallida que ha puesto en peligro la vida de más de 20,000 pobladores del centro poblado de Llicua. El fallecimiento de una niña de 13 años, arrastrada por un huaico tras las intensas lluvias del miércoles pasado, destapó una cadena de errores técnicos, omisiones y negligencias compartidas entre el Consorcio Llicua, encargado de una polémica obra de defensa ribereña, y el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), liderado por Antonio Pulgar.
El desastre anunciado
Desde hace meses, los vecinos de Llicua han alertado sobre los riesgos de la obra ejecutada en la quebrada Agorragra. Según los dirigentes locales, el proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección contra Desbordes de Agua” incluyó decisiones antitécnicas que agravaron la vulnerabilidad de la zona. En lugar de proteger a la comunidad, las intervenciones causaron acumulación de material de descarte en el cauce natural, debilitando la infraestructura ribereña y exponiendo a la población a deslizamientos y huaicos.
Una inspección reciente de la Fiscalía de Medio Ambiente confirmó los temores de los pobladores. El acta levantada detalla desprendimientos en tres tramos críticos de las banquetas construidas como defensa, algunas sin la cobertura adecuada de geoceldas, lo que las dejó expuestas a la erosión por las lluvias. Además, se constató que el material de descarte, en su mayoría tierra y rocas, había sido depositado directamente en la quebrada, bloqueando el flujo de agua y creando un riesgo inminente de desbordes.
Tragedia y negligencia compartida
El huaico que cobró la vida de la menor fue el resultado directo de las lluvias que saturaron el terreno ya comprometido. Según la Fiscalía, el terreno está tan inestable que cualquier maquinaria pesada se hunde al intentar ingresar, lo que dificulta las labores de limpieza y reparación. “Esta tierra va a caer. No hay otra forma de resolverlo”, advirtió un representante de la Fiscalía.
La responsabilidad, según las autoridades ambientales, recae tanto en el Consorcio Llicua, que ejecutó la obra de manera deficiente, como en el Gorehco, que falló en supervisar y fiscalizar adecuadamente el proyecto. “Aquí nadie funcionó. El consorcio debía prever estos problemas, y el gobierno regional debía garantizar que la obra se ejecutara correctamente. Ambos fallaron, y las consecuencias son devastadoras”, señaló un fiscal.
Una población indignada
El fallecimiento de la niña, confirmada ayer tras ser rescatada inicialmente con vida del huaico, ha desatado la indignación de la comunidad. Los pobladores de Llicua bloquearon la Carretera Central a la altura del puente Savoy, exigiendo la presencia del gobernador Antonio Pulgar, quien hasta ahora se ha negado a visitar la zona afectada. “Que venga a ver lo que su negligencia ha causado. Que deje sus TikTok y venga aquí”, reclamó uno de los dirigentes.
La comunidad también denunció que las advertencias sobre el riesgo fueron ignoradas por las autoridades regionales, quienes desestimaron las alertas sobre el material acumulado en la quebrada y las grietas en la parte alta. “Antes, la descolmatación anual de la quebrada evitaba estos problemas. Ahora, con esta obra mal planificada, hemos perdido a una niña y estamos expuestos a una tragedia mayor”, afirmó un líder vecinal.
EL DATO
Con el apoyo de un dron proporcionado por la Municipalidad Distrital de Amarilis, se verificó que las lluvias han erosionado severamente las defensas ribereñas, dejando al centro poblado de Llicua en una situación de extrema vulnerabilidad. Las imágenes captadas muestran grietas profundas y un terreno altamente saturado, con riesgos de nuevos deslizamientos en caso de lluvias adicionales.
