El Ministerio Público ha emitido una resolución definitiva sobre el libro Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, escrito por Dina Boluarte y otros colaboradores. La Fiscalía ha determinado que la obra contiene elementos de plagio y, aunque el delito ha prescrito debido al tiempo transcurrido, ha ordenado la adopción de medidas administrativas, como la anulación del registro legal del libro y su retiro de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). La decisión fue tomada luego de un exhaustivo proceso de investigación y peritajes técnicos, realizados en colaboración con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los cuales confirmaron que varios párrafos de la obra fueron tomados sin autorización de otros textos originales. “Se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”, indicó el fiscal Miguel Puicón Yaipén, encargado de la investigación.
A pesar de que el delito de plagio ha prescrito debido a que el libro fue publicado hace 19 años, el Ministerio Público decidió proceder con medidas administrativas como el retiro del libro de la biblioteca estatal, además de ordenar la anulación de su registro. Este caso surgió luego de una denuncia presentada en el programa Punto Final, que evidenció posibles irregularidades en la publicación de la obra, lo que desencadenó la investigación por parte de la Fiscalía. A pesar de que las diligencias no pudieron avanzar por el transcurso del tiempo, las medidas administrativas dictadas por la Fiscalía buscan garantizar que no haya efectos legales residuales por el plagio cometido.
El proceso judicial y la prescripción del delito
La denuncia de plagio, que fue reportada inicialmente por el programa de televisión Punto Final, hizo que se iniciara una serie de investigaciones para determinar si la obra de Dina Boluarte había infringido los derechos de autor al reproducir sin permiso párrafos de textos ya existentes. Las diligencias fueron lideradas por el fiscal Miguel Puicón Yaipén, quien, a través de un proceso de investigación detallado, pudo confirmar que la obra contenía extractos idénticos de otros trabajos, lo que constituyó el plagio. “Se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”, señaló el fiscal al referirse a los resultados de las pericias técnicas.
No obstante, el Ministerio Público explicó que el caso no pudo continuar por la prescripción del delito, ya que, según la normativa vigente, los delitos relacionados con derechos de autor tienen un plazo de prescripción de 12 años. Como el libro fue publicado hace 19 años, las autoridades no pudieron proseguir con una acción penal en contra de los responsables del ilícito. “El transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”, indicó la Fiscalía en su resolución.
A pesar de la prescripción, las autoridades tomaron la decisión de adoptar medidas administrativas en lugar de proceder con una sanción penal. Esto incluyó la orden de retirar los ejemplares del libro de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), una acción que se consideró necesaria para evitar que el libro siga circulando en una institución pública. Asimismo, la BNP recibió la orden de anular el registro de los ejemplares existentes de la obra en su catálogo. Sin embargo, la noticia también causó sorpresa, ya que, según información divulgada por Latina Noticias, los ejemplares aún permanecen en el sistema de la biblioteca, lo que ha generado confusión respecto a la implementación de las medidas ordenadas por la Fiscalía.
Declaraciones de Dina Boluarte
En medio de la investigación, Dina Boluarte se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades competentes. En una conferencia de prensa, la mandataria declaró que se sometería a las investigaciones de manera transparente y conforme a la ley. “Las autoridades han abierto investigación, y como siempre voy a someterme a ellas. Conforme a la ley, estaré atenta a lo que digan las autoridades competentes”, expresó la presidenta, quien en ese momento aseguró que su administración cooperaría con las diligencias judiciales. No obstante, Boluarte evitó dar detalles específicos sobre su participación en el proceso de coautoría del libro, una situación que ha generado controversia, especialmente porque la obra fue incluida en su currículum vitae y, según los testimonios de los otros supuestos coautores, ellos no habían aprobado el texto final.
Confusión con los coautores y testimonios de los involucrados
En el marco de la investigación, se tomaron las declaraciones de los abogados Luis Gavancho, Carmen Rivera y María Chávez, quienes figuran como coautores del libro. Estos testificaron que nunca vieron ni aprobaron el texto final, lo que generó dudas sobre la manera en que se presentó la obra como un trabajo conjunto. Según sus testimonios, fue Efraín Anaya, entonces director de la Oficina de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, quien inscribió el libro en el registro bajo su autoría y la de los otros involucrados, incluida Dina Boluarte. Sin embargo, los demás coautores aseguraron que nunca se concretó una publicación conjunta y que no aprobaron el contenido del libro.
En cuanto a Anaya, este se mostró ausente de la discusión pública sobre el plagio, a pesar de que fue una figura clave en la inscripción del libro bajo su nombre y el de los otros coautores. Anaya tiene antecedentes controvertidos, ya que fue destituido en 2010 del Colegio Nacional de la Magistratura luego de ser señalado por denuncias de irregularidades y supuestos cobros de coimas en las postulaciones a la carrera fiscal. A pesar de su pasado controversial, no se pronunció sobre las acusaciones que pesaban sobre el libro y su presunta implicación en el plagio.
El futuro del libro y la legitimidad del proceso
El caso ha generado una serie de cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso y sobre la manera en que se gestionan las investigaciones de plagio en el país. Aunque la prescripción del delito limitó la posibilidad de aplicar una sanción penal, la Fiscalía tomó medidas administrativas que buscan garantizar que el libro no siga siendo promovido en instituciones públicas. Sin embargo, la confusión respecto a la implementación de estas medidas ha dejado dudas sobre la efectividad del proceso.
Este incidente ha llevado a un análisis más profundo sobre cómo las autoridades en Perú abordan casos de plagio, especialmente en obras de figuras públicas. Si bien la normativa establece un plazo de prescripción de 12 años para este tipo de delitos, el hecho de que una obra que lleva tanto tiempo en circulación haya sido retirada de la Biblioteca Nacional genera preguntas sobre el impacto de estos actos en la reputación de las instituciones involucradas.
“Si bien es cierto que se ha advertido que habría reproducción ilícita o copia en la obra, empero el transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”, concluyó el Ministerio Público en su resolución, marcando el fin de un proceso que, a pesar de no haber generado consecuencias penales, ha dejado una marca en la historia de la mandataria y su obra literaria.
