La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha hecho un llamado urgente al Congreso de la República para que promulgue por insistencia la autógrafa de ley que restituye la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida clave en la lucha contra la criminalidad. Este pronunciamiento se produjo en una actividad pública realizada en conmemoración de la Batalla de Miraflores, en la que Tello destacó la importancia de corregir los errores señalados por el gobierno de Dina Boluarte, con el objetivo de fortalecer el sistema penal y la administración de justicia en el país. “Entendemos que (el Congreso) pronto van a rectificar los errores que se han cometido, y estoy segura que van a ser normas que apuesten por el reforzamiento del sistema penal, del sistema de administración de justicia penal y, por supuesto, la lucha contra la criminalidad”, enfatizó Tello.
La cuestión ha generado un debate importante en torno a la eficacia de las reformas judiciales y su impacto en la seguridad pública, ya que el restablecimiento de la detención preliminar es visto como una herramienta crucial para las autoridades encargadas de la prevención y persecución del delito. La presidenta del Poder Judicial también resaltó la labor de una comisión de jueces supremos, presidida por ella misma, que tiene como objetivo evaluar las leyes aprobadas por los otros poderes del Estado y tomar las medidas necesarias para proteger las competencias del Poder Judicial, así como los principios de separación de poderes e independencia judicial. Esta comisión ha sido clave para vigilar que las reformas no atenten contra la autonomía de los jueces y fiscales.
El Congreso bajo presión: la necesidad de corregir los errores
El Congreso de la República ha enfrentado diversas críticas por su proceder en la aprobación de leyes que afectan el trabajo de los jueces y fiscales. Entre estas leyes, se encuentra la cuestionada Ley contra el Crimen Organizado y la ley 32108, que ha sido ampliamente criticada por sus restricciones al desarrollo de operativos judiciales. Esta última norma establece que los allanamientos solo pueden realizarse en presencia del abogado del investigado, lo que ha generado retrasos en las investigaciones y ha puesto en peligro el curso de los operativos. Las críticas a esta ley llegaron al punto de que muchos señalaron que su aplicación podía hacer que las pruebas cruciales para los casos se perdieran, dificultando las labores de las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado y otros delitos graves.
En este contexto, la solicitud de la presidenta del Poder Judicial es clara: que el Congreso rectifique su postura y apruebe la restitución de la detención preliminar, como una herramienta más eficaz para hacer frente a la criminalidad en el país. La detención preliminar, en este sentido, es considerada una medida que otorga mayores herramientas a las fuerzas del orden para mantener a los presuntos delincuentes bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones.
Salhuana pide una sesión extraordinaria para debatir la ley
Desde el Congreso, el titular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, ha mostrado su respaldo a la iniciativa y se ha comprometido a trabajar por la pronta restitución de la figura de la detención preliminar. Salhuana adelantó que solicitó al presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, que convoque a una sesión extraordinaria para tratar el tema, dado que considera que es una cuestión de “interés nacional” que excede los límites del Parlamento. “He conversado con el presidente de la Comisión de Justicia ayer y le pedí que convoque a una sesión extraordinaria, porque creo que este es un tema de interés nacional que excede los límites del Parlamento y los congresistas debemos estar acorde a los intereses de la Nación”, declaró Salhuana en una conferencia ante los medios.
En este marco, Salhuana detalló que la convocatoria a la sesión extraordinaria será fundamental para revisar el dictamen que aún está pendiente, y que en caso de que el Congreso no apruebe la norma en los términos observados por el Ejecutivo, se convocará a una eventual sesión plenaria para llevar a cabo la insistencia de la ley. “En el primero de los casos, de allanarse, lo podremos ver en la Comisión Permanente; pero si la Comisión de Justicia se inclina por la insistencia, es decir, por mantener los términos de la ley observada tal como se envió, deberíamos convocar a un pleno extraordinario”, agregó Salhuana.
La observación del Ejecutivo: un nuevo obstáculo
A pocas horas de que venciera el plazo legal para pronunciarse sobre la autógrafa de ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, el gobierno de Dina Boluarte tomó la decisión de observar la norma y devolverla al Congreso. Esta decisión fue anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, durante su intervención en el foro MUNI Ejecutivo Alcaldesas, organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Adrianzén indicó que la autógrafa había sido observada por el gobierno, y que el documento con las observaciones ya había sido remitido al Congreso. “Se acaba de enviar al Congreso hace un par de horas y la ley ha sido observada”, señaló el primer ministro.
Sin embargo, al ser consultado sobre los detalles específicos de las observaciones realizadas, Adrianzén admitió no recordar el contenido exacto de las observaciones. “Bueno, hay una serie de observaciones, que tienen que ver precisamente con lo dispuesto en la norma. No tengo el detalle ahora mismo, no lo recuerdo, mal haría en declararlo. Pero la observación seguramente se hará pública en breve, ya se produjo”, agregó. Este desconocimiento sobre los detalles exactos de las observaciones ha generado desconcierto y especulación, tanto en el Congreso como en la opinión pública, sobre la verdadera razón detrás de la decisión del Ejecutivo de observar la ley.
La detención preliminar como un tema clave en la lucha contra la criminalidad
El restablecimiento de la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia es considerado por muchos como un tema fundamental para fortalecer la lucha contra la criminalidad en el Perú. La medida permitiría a los fiscales y jueces mantener bajo custodia a los presuntos delincuentes durante las investigaciones, evitando que puedan obstruir el proceso judicial o cometer nuevos delitos mientras se resuelve su situación legal. Sin embargo, la observación de esta ley por parte del Ejecutivo ha generado incertidumbre sobre su futuro, y los congresistas deberán tomar decisiones cruciales sobre su promulgación en los próximos días.
Este debate resalta la creciente tensión entre los diferentes poderes del Estado, mientras el país enfrenta un incremento en los niveles de violencia y criminalidad. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha reiterado la importancia de adoptar medidas urgentes para mejorar el sistema penal y garantizar que las normas vigentes sean efectivas en la lucha contra el crimen. “Es importante que se corrijan los errores que se han cometido y que la ley sea aprobada en los términos correctos para fortalecer la justicia en el país”, expresó Tello, mientras se mantiene a la espera de que el Congreso rectifique y apruebe nuevamente la ley.