Un reportaje del programa dominical Cuarto Poder reveló los estrechos lazos entre el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el exjuez supremo César Hinostroza, quien se encuentra prófugo y es uno de los principales implicados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Entre 2011 y 2018, ambos habrían intercambiado más de 180 llamadas telefónicas, según información obtenida bajo secreto de comunicaciones.
Relaciones cuestionables
El informe también destaca que Arana, considerado un aliado cercano de la presidenta Dina Boluarte, habría mantenido comunicaciones frecuentes con otros actores clave del sistema judicial investigados por corrupción. Además de las llamadas con Hinostroza, se documentaron más de 30 llamadas con Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao, quien también está implicado en el caso “Cuellos Blancos”. Estas conversaciones tuvieron lugar entre 2016 y 2018, en un periodo donde Ríos tenía considerable influencia en el sistema judicial.
Las conexiones no terminan ahí. Arana también habría realizado seis llamadas a Alberto Orlando Rossel Alvarado, fiscal superior detenido en 2019 por presunta corrupción, y 83 llamadas a Jimy García Ruiz, expresidente de la Corte de Justicia de Lambayeque, sentenciado por tráfico de influencias. Otros contactos incluyen a Willian Quiroz Salazar, vocal superior relacionado con el tráfico de drogas, y Daniel Adriano Peirano Sánchez, expresidente de la Corte Superior del Callao, acusado de corrupción.
En el ojo del huracán
Las revelaciones del reportaje de Cuarto Poder también incluyen un audio comprometedor donde Eduardo Arana y Walter Ríos discuten estrategias para dilatar un proceso judicial. Según Enrique Valderrama, analista político, “estas comunicaciones constituyen un claro indicio de tráfico de influencias, un delito que Arana, irónicamente, debería combatir como ministro de Justicia”.
José Carlos Requena, otro analista político, señaló que Arana ha mantenido un perfil bajo desde su nombramiento, pero las nuevas revelaciones podrían cambiar la percepción pública sobre su gestión. “Desde que asumió el cargo, Arana ha sorteado los cuestionamientos. Sin embargo, la magnitud de estas revelaciones podría poner en riesgo su posición”, afirmó Requena.
Conexiones con el poder político
La presidenta Dina Boluarte, quien mantiene a Arana en su círculo cercano, también ha sido objeto de críticas por la permanencia del ministro en su gabinete. Según Valderrama, “es posible que Boluarte necesite de estos nexos para navegar en un contexto judicializado”. Esta hipótesis sugiere que las conexiones de Arana podrían ser clave para gestionar conflictos legales en un entorno político cada vez más adverso.
El silencio del ministro
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Eduardo Arana ha optado por no emitir declaraciones públicas al respecto, limitándose a responder ante el Ministerio Público, donde se encuentra bajo investigación. Sin embargo, la falta de transparencia en sus relaciones con personajes cuestionados genera desconfianza en la opinión pública.
Cuellos Blancos del Puerto: el caso Hinostroza
César Hinostroza, exjuez supremo, es una figura central en el escándalo de corrupción que ha sacudido al sistema judicial peruano. Hinostroza fue acusado de aceptar sobornos y manipular fallos judiciales para beneficiar a terceros. Tras huir del país en 2018, se refugió en España y actualmente está prófugo. En 2023, se emitió una recompensa de 150,000 soles por información que condujera a su captura, pero la alerta roja fue retirada pocos días después.
Impacto en la gestión del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia está encargado de velar por la transparencia y la ética en el sistema judicial peruano, pero las revelaciones sobre Eduardo Arana plantean serias dudas sobre su capacidad para liderar esta cartera. Su presunta participación en redes de influencia vinculadas a la corrupción amenaza con socavar la credibilidad del Ministerio y del gobierno de Boluarte en su conjunto.
Conclusión: una gestión en peligro
Las revelaciones sobre Eduardo Arana no solo ponen en entredicho su gestión como ministro de Justicia, sino también la capacidad del gobierno de Boluarte para garantizar la independencia del sistema judicial. La opinión pública exige explicaciones claras y acciones contundentes para enfrentar un escándalo que podría tener consecuencias de largo alcance en la estabilidad política y la confianza ciudadana.
