La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha formalizado una investigación preparatoria contra el fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, relacionado con la adquisición de una camioneta Volvo valorizada en 46,000 dólares. La investigación, confirmada por fuentes de la Fiscalía a La República, busca esclarecer el origen de una parte de los fondos empleados en la compra del vehículo, en especial los 13,500 dólares aportados por la esposa de Pérez, cuyo origen no ha sido plenamente justificado.
Detalles de la investigación
Según la Fiscalía, Domingo Pérez declaró que la adquisición fue posible gracias a la venta de vehículos de él y su esposa, además de ahorros mancomunados de la pareja. Sin embargo, un informe preliminar identificó inconsistencias en la justificación del monto total. “Lo que no queremos es que se siga distorsionando la investigación preliminar. Y como ya tenemos una pericia que arroja un presunto desbalance, estamos pasando a la siguiente etapa”, señaló Delia Espinoza en una entrevista con Punto Final.
La Fiscal de la Nación agregó que la siguiente fase incluirá una pericia complementaria para analizar documentación que no fue revisada en la etapa preliminar. Asimismo, el fiscal superior Reggis Chávez, encargado del caso, podría solicitar medidas como la suspensión de Domingo Pérez mientras se recaba más evidencia.
Delia Espinoza: “Él va a continuar en función, más allá de la investigación”
Durante la entrevista, Espinoza afirmó que Domingo Pérez continuará ejerciendo sus funciones a pesar de la investigación. “Se está ordenando para que se pueda precisar aún más el objeto de la pericia. Él va a continuar en la misma función, más allá de la investigación”, destacó. Este punto ha generado controversia, ya que sectores de la opinión pública consideran que podría haber un conflicto de intereses si el fiscal sigue en su cargo mientras se le investiga.
Respuesta de José Domingo Pérez
Por su parte, Domingo Pérez solicitó en septiembre de este año que el caso fuera archivado. En un informe de 59 páginas presentado al Ministerio Público, el fiscal alegó que la denuncia en su contra es parte de una campaña de acoso judicial y hostigamiento político, vinculándola directamente con el aprismo.
“No existe desbalance patrimonial en el análisis de mi situación patrimonial de diciembre de 2011 a diciembre de 2023, pues mis ingresos son lícitos y superiores a mis egresos, con una diferencia como saldo positivo favorable”, sostiene el documento. Además, Pérez denunció que la querellante, Patricia Carolina Tubilla Casanova, es militante aprista y cercana al excongresista Jorge Del Castillo, quien representa a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides en otros casos.
Domingo Pérez también aseguró que las acusaciones forman parte de un intento de deslegitimar su trabajo en el caso Lava Jato, uno de los más importantes en la lucha contra la corrupción en Perú.
Contexto político y críticas
La investigación contra Domingo Pérez ocurre en un momento político sensible, donde las acciones del Ministerio Público están bajo constante escrutinio. El fiscal ha sido una figura clave en la persecución de casos emblemáticos de corrupción, incluidos los vinculados a Odebrecht, y su trabajo ha generado tanto admiradores como detractores.
Críticos de la investigación consideran que esta podría ser un intento de represalia contra el fiscal por su desempeño en casos de alto perfil. En redes sociales y medios de comunicación, sectores de la sociedad han expresado su preocupación sobre la posibilidad de que la investigación sea utilizada para deslegitimar a Domingo Pérez.
Por otro lado, analistas destacan la importancia de garantizar que todos los funcionarios públicos, independientemente de su perfil, estén sujetos a las mismas normas de transparencia y rendición de cuentas. “Si existen pruebas contundentes, estas deben ser evaluadas de manera objetiva y sin interferencias políticas”, afirmó un experto en derecho penal consultado por La República.
Impacto en la imagen del Ministerio Público
La decisión de Delia Espinoza de formalizar la investigación también afecta la percepción pública del Ministerio Público. Mientras algunos ven la medida como una señal de independencia y rigor institucional, otros cuestionan el momento y la motivación detrás de la acción.
En este contexto, la Fiscalía se encuentra ante un desafío: demostrar que las investigaciones se llevan a cabo de manera imparcial y sin consideraciones políticas. La transparencia en el manejo de este caso será clave para preservar la confianza en el sistema de justicia.
Conclusión: un caso que pone a prueba la credibilidad del sistema judicial
La investigación contra José Domingo Pérez representa un caso emblemático sobre la necesidad de equilibrio entre la rendición de cuentas y la protección contra la politización del sistema judicial. Mientras la Fiscalía avanza con las pericias y la recolección de evidencia, la opinión pública sigue atenta al desenlace de un caso que podría tener implicaciones significativas para la lucha contra la corrupción en el Perú.
