La reciente propuesta de Dina Boluarte para reinstaurar la pena de muerte en Perú ha desatado un intenso debate político, jurídico y social. La mandataria planteó esta medida tras el asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo, un crimen que ha conmocionado al país. Según Boluarte, la pena capital sería una “medida extrema” para responder a delitos de este tipo. Sin embargo, especialistas, instituciones jurídicas y organizaciones de derechos humanos han calificado la iniciativa como populista, inviable y carente de fundamentos técnicos.
El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, lideró las críticas al describir la propuesta como “antitécnica” y parte de un “populismo jurídico”. En una entrevista con Exitosa, Canelo destacó que esta medida no solo es inviable en términos legales, sino que también podría abrir un debate moral y ético sobre su aplicación. “Es un absurdo. Ayer las noticias eran sobre la pena de muerte, impulsada por la propia presidenta. Esto nuevamente parece una respuesta simplista a problemas complejos”, indicó.
¿Pena de muerte también para los corruptos?
Raúl Canelo no se limitó a criticar la viabilidad de la propuesta. En un giro que resalta la percepción generalizada de injusticia en el sistema judicial, el decano del CAL señaló que, si se llegara a implementar la pena capital, debería aplicarse también a los corruptos. “A ver, imaginemos que la pena de muerte se imponga a depravados que violen y maten a niños. Está bien, imaginemos que es así. La pena de muerte, en esa lógica, debería aplicarse también a los corruptos. Porque aquí los corruptos están libres de polvo y paja a través de las leyes que se han venido dando”, comentó Canelo.
La declaración subraya un punto clave en el debate: la percepción de impunidad que rodea a la corrupción en el Perú. En un país donde los escándalos de corrupción han salpicado a políticos de todos los niveles, la sugerencia de Canelo resuena como un llamado a abordar de manera integral las deficiencias del sistema judicial.
Especialistas rechazan la propuesta
La propuesta de pena de muerte de Dina Boluarte no solo ha sido cuestionada por Canelo. Diversos especialistas han señalado que esta medida es inviable bajo el marco legal internacional. Juan José Quispe, abogado especializado en derechos humanos, explicó que Perú es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, que prohíbe la ampliación de los casos en los que se pueda aplicar la pena capital.
“En 1994, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó en claro que Perú no puede ampliar los casos en los que se aplica la pena de muerte. Para hacerlo, el país tendría que retirarse del tratado, lo que implica un proceso político y jurídico que podría demorar más de un año y generar tensiones internacionales”, sostuvo Quispe.
Mario Amoretti, abogado penalista, coincidió en que la medida no resolvería los problemas de seguridad y recordó que la opinión pública ya rechazó la pena de muerte en el pasado. “Esto no es más que un intento de apelar a las emociones de la ciudadanía en medio de una crisis de seguridad. Pero la realidad es que no hay evidencia de que la pena de muerte sea efectiva para reducir la criminalidad”, afirmó.
Erick Urbina, abogado constitucionalista, destacó otro problema fundamental: la falta de garantías en el sistema judicial peruano. “El caso más conocido es el del ‘Monstruo de Almendariz’, un hombre al que se le aplicó la pena de muerte y luego se descubrió que era inocente. En un sistema como el nuestro, donde el margen de error es considerable, esta medida no solo es populista e inviable, sino también peligrosa”, advirtió.
El impacto en el marco internacional
La propuesta de Boluarte también podría tener repercusiones más allá del ámbito doméstico. Al ser parte de tratados internacionales como el Pacto de San José, Perú está comprometido con el respeto a los derechos humanos. El retiro de este tratado no solo requeriría un amplio consenso político, sino que también podría afectar la imagen del país en la comunidad internacional.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya han advertido en ocasiones anteriores sobre las implicancias de reinstaurar la pena de muerte en la región. Según expertos, estas medidas suelen ser percibidas como retrocesos en la protección de los derechos fundamentales, lo que podría debilitar la posición de Perú en foros internacionales y limitar su capacidad para colaborar en iniciativas multilaterales.
¿Una respuesta al clamor popular?
A pesar de las críticas técnicas y legales, es innegable que la propuesta de Boluarte responde al clamor popular generado por crímenes atroces como el de Villa María del Triunfo. Este tipo de hechos suele desencadenar demandas de justicia inmediata y castigos ejemplares por parte de la ciudadanía, especialmente en un contexto donde la percepción de inseguridad ha aumentado.
Sin embargo, especialistas en sociología y criminología coinciden en que este enfoque puede ser contraproducente. Según la socióloga María Luisa Torres, “la pena de muerte puede parecer una solución rápida, pero no aborda las causas profundas de la violencia y el crimen. La prevención y la educación son claves para combatir estos problemas de manera efectiva”.
Conclusión
El debate sobre la pena de muerte en Perú pone en evidencia las tensiones entre el clamor popular por justicia y las limitaciones legales e institucionales del país. Si bien el asesinato de una menor en Villa María del Triunfo es un recordatorio doloroso de la necesidad de combatir la violencia, la propuesta de Dina Boluarte ha sido ampliamente criticada como populista e inviable.
Raúl Canelo y otros especialistas han señalado no solo los problemas legales y éticos de esta medida, sino también la necesidad de un enfoque más integral para abordar la inseguridad y la corrupción en el país. En un sistema judicial con profundas falencias, el riesgo de errores y arbitrariedades parece demasiado alto como para considerar la pena de muerte como una solución viable. La propuesta, más que resolver problemas, plantea preguntas complejas sobre el equilibrio entre justicia, derechos humanos y gobernabilidad en el Perú actual.
