La presidenta Dina Boluarte continúa en el centro del debate político tras confirmarse que se sometió a una cirugía estética (rinoplastia) a mediados de 2023, según declaró el expremier Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. La mandataria no notificó formalmente al Parlamento sobre este procedimiento quirúrgico, lo que ha desatado cuestionamientos legales, políticos y éticos.
Pese a las críticas y a los argumentos de algunos constitucionalistas, la mayoría del Congreso ha decidido respaldar a Boluarte, descartando que la intervención quirúrgica sea causal para una vacancia.
“Conozco personas que han pasado por esa operación y no han quedado incapacitadas por diez días”, señaló Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, minimizando el impacto del procedimiento en las funciones presidenciales.
¿Vacío de poder o exceso mediático?
Según el artículo 114 de la Constitución, la incapacidad temporal de un presidente puede declararse si este no está en condiciones de ejercer sus funciones. Sin embargo, en este caso, no hay un consenso claro sobre si la rinoplastia implicó tal condición.
El exprocurador y profesor de la PUCP, Daniel Soria Luján, opinó que la cirugía, al involucrar anestesia general, pudo haber causado una incapacidad temporal:
“Si se ha hecho una rinoplastia implica una incapacidad temporal (…) por lo tanto, encaja en el supuesto expuesto en el artículo 114 de la Carta Magna”.
A pesar de estos argumentos, la bancada de Fuerza Popular, que cuenta con 21 legisladores, y otras agrupaciones parlamentarias han señalado que el caso no amerita medidas tan drásticas como una vacancia. Por su parte, la congresista Susel Paredes, quien impulsó la moción de vacancia, solo ha logrado reunir 13 firmas hasta el momento, reflejando un bajo nivel de apoyo a la iniciativa.
¿Acusaciones constitucionales como alternativa?
Para algunos, como el expresidente del Congreso Alejandro Soto, la solución no está en una vacancia, sino en promover acusaciones constitucionales contra Boluarte y otros responsables del presunto vacío de poder. Esta opción buscaría deslindar responsabilidades sin desestabilizar al Ejecutivo.
La estrategia se centra en el manejo del tema por parte del exjefe del gabinete, Alberto Otárola, quien fue quien reveló la cirugía ante la Comisión de Fiscalización el pasado 3 de diciembre.
“Este tipo de procedimientos quirúrgicos, aunque personales, pueden tener implicancias en la estabilidad política si no se manejan con transparencia”, argumentan algunos analistas políticos.
3% de aprobación: un gobierno en crisis de legitimidad
La polémica en torno a la cirugía de Boluarte se suma a un contexto de extrema desaprobación popular. Según una encuesta reciente de Datum Internacional, solo el 3% de los ciudadanos aprueba su gestión, un nivel históricamente bajo para un presidente peruano en ejercicio.
Este índice, que comenzó a descender en abril de 2024, refleja un descontento generalizado que atraviesa todos los niveles socioeconómicos y las macrorregiones del país. La desaprobación supera el 90% en todos los grupos demográficos, alcanzando su punto más bajo en el nivel socioeconómico E y en el oriente, donde apenas logra un 6% de respaldo.
“El 3% de aprobación equivale a poco más de un millón de ciudadanos, una cifra que en cualquier otro contexto podría parecer significativa, pero que, en términos de respaldo político, evidencia una presidencia al borde del colapso”, señalan los analistas.
Estado de emergencia y un gabinete debilitado
La situación crítica no se limita a la figura de la presidenta. Otros miembros del Ejecutivo, como el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfrentan también altos niveles de desaprobación.
El manejo del estado de emergencia, extendido recientemente por 45 días más, ha sido objeto de severas críticas debido a sus resultados cuestionables y la percepción de una incapacidad para abordar los problemas de seguridad ciudadana y gobernabilidad.
Blindaje político y el futuro de Boluarte
El respaldo del Congreso a Boluarte parece consolidarse pese a los escándalos. Más allá de las críticas por la rinoplastia, las principales fuerzas políticas parecen optar por la estabilidad antes que por una confrontación abierta con el Ejecutivo.
Sin embargo, la falta de apoyo popular, sumada a la percepción de poca transparencia en casos como este, podría tener un impacto duradero en la legitimidad del gobierno. La presidenta aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, manteniendo un silencio que alimenta las especulaciones y la desconfianza.
Para algunos, este respaldo parlamentario refleja un cálculo político: evitar un nuevo episodio de crisis institucional como los vividos en los últimos años. Sin embargo, para otros, es una muestra de complacencia ante una gestión cada vez más impopular.
Conclusiones
La polémica por la cirugía de Dina Boluarte ha trascendido el ámbito personal, convirtiéndose en un símbolo de los desafíos de transparencia y credibilidad que enfrenta su gobierno. Con un Congreso que cierra filas en torno a su mandato, pero una ciudadanía que en su mayoría exige cambios, el equilibrio político del Perú sigue pendiendo de un hilo.
La pregunta clave es si este respaldo legislativo será suficiente para sostener a una presidencia que carece de apoyo popular y que enfrenta una creciente presión social por resultados concretos. El tiempo dirá si Boluarte logra revertir esta situación o si esta controversia marca otro capítulo en la crisis política que atraviesa el país.
