El Perú atraviesa su año más violento en la última década, según las cifras oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Hasta el 30 de noviembre de 2024, se han registrado 1.830 homicidios, un alarmante incremento del 22.49 % en comparación con 2023. A pesar de la contundencia de estos datos, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, insiste en que el incremento es de solo un 7 % u 8 %, generando una discrepancia que deja fuera del reconocimiento oficial a más de 200 víctimas de homicidios.
Cifras en disputa: Sinadef versus el ministro
Mientras Sinadef informa un total de 1.830 homicidios, Santiváñez afirmó que las cifras manejadas por la Policía Nacional muestran un incremento de solo 7 % u 8 % en los asesinatos. Según estos porcentajes, el número de homicidios debería ser de 1.598 (7 %) o 1.613 (8 %), lo que implica una diferencia de entre 217 y 232 víctimas que no están siendo reconocidas por las autoridades.
El analista de datos Juan Carbajal advirtió que, de mantenerse la tendencia actual, el 2024 cerrará con un aumento del 30 % en homicidios respecto al año anterior, marcando un récord histórico.
El impacto de la inseguridad: extorsiones en aumento
Los homicidios no son el único indicador alarmante en la seguridad ciudadana. Según el Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), las denuncias por extorsión han alcanzado cifras récord en 2024, con un total de 6.238 casos registrados hasta octubre.
En octubre, primer mes bajo el estado de emergencia, se reportaron 796 denuncias, convirtiéndose en el mes con más casos en lo que va del año y reflejando un aumento significativo frente a los 649 casos registrados en septiembre.
Por su parte, la Dirección de Investigación Criminal (DIRIN) informó que hasta la tercera semana de noviembre se registraron 17.104 casos de extorsión, divididos en modalidades como cobro de cupos, gota a gota y chalequeo. Entre las principales víctimas están:
- Comerciantes: 3.850 casos
- Trabajadores independientes: 3.707 casos
- Profesionales: 2.341 casos
- Amas de casa: 1.311 casos
- Transportistas: 988 casos
El incremento de la extorsión, que afecta tanto a emprendedores como a ciudadanos de a pie, refleja la falta de efectividad en las políticas implementadas para combatir la criminalidad.
El fracaso del estado de emergencia
En un intento por contener la creciente inseguridad, el gobierno de Dina Boluarte decretó un estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Sin embargo, pese a las expectativas, la medida no ha logrado los resultados esperados.
El ministro Santiváñez había prometido renunciar si la estrategia fracasaba. No obstante, no solo continúa en el cargo, sino que el estado de emergencia fue prorrogado por 45 días adicionales, hasta el 9 de enero de 2025.
Organizaciones civiles y expertos en seguridad han señalado que estas medidas han sido insuficientes. “El estado de emergencia no puede ser una solución permanente, y la falta de resultados efectivos solo refleja una gestión sin rumbo claro”, afirmó el criminólogo Luis Vargas.
Contradicciones en la gestión de Santiváñez
El discurso del ministro del Interior ha sido objeto de críticas por minimizar las cifras oficiales y no reconocer las fallas en su gestión. A pesar de que los datos del Sinadef y del SIDPOL son alarmantes, Santiváñez sostiene que el panorama no es tan crítico como lo pintan los reportes.
Para los expertos, esta postura pone en peligro la credibilidad del gobierno en un tema tan sensible como la seguridad ciudadana. Según el analista Juan Carbajal, “el desacuerdo entre las cifras de Sinadef y las declaraciones del ministro refleja una desconexión preocupante entre la realidad y las estrategias oficiales”.
Inseguridad sin freno: el costo social
La creciente criminalidad no solo se refleja en los números, sino también en la percepción ciudadana. Una reciente encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que más del 70 % de los peruanos considera que la inseguridad es el principal problema del país.
Además, el impacto económico de la inseguridad es significativo. Comerciantes, transportistas y emprendedores han señalado que las extorsiones no solo afectan sus ingresos, sino también su calidad de vida y la confianza en las instituciones del Estado.
¿Qué sigue para el 2025?
Con un cierre de año marcado por un récord de homicidios y un incremento en extorsiones, el 2025 se perfila como un año crítico para la seguridad en el Perú. Las cifras actuales exigen una reestructuración completa de las políticas de seguridad, así como un compromiso real por parte de las autoridades para enfrentar el problema.
El gobierno de Dina Boluarte y el ministro Santiváñez enfrentan una creciente presión para rendir cuentas. Según el informe de Renato Silva para Infobae, la falta de reconocimiento de las cifras reales no solo agrava la crisis, sino que también socava la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
La ciudadanía espera un cambio de rumbo, y las autoridades están en la mira para demostrar si son capaces de estar a la altura de los desafíos que plantea la inseguridad en el Perú. Sin acciones contundentes, el 2024 podría marcar el inicio de un deterioro aún mayor en el tejido social del país.
