La crisis en el programa Qali Warma, que distribuye alimentos a millones de escolares en el Perú, ha alcanzado nuevas dimensiones legales. El Ministerio Público anunció una investigación preliminar contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, y su viceministra de Prestaciones Sociales, Jéssica Niño de Guzmán, por los delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales.
Esta decisión surge tras varios casos de intoxicación alimentaria que afectaron a escolares en Puno y Cajamarca, tras consumir productos distribuidos por el programa. Según un comunicado de la Fiscalía, la investigación también involucra a funcionarios de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y a representantes de Frigoinca S.A.C., una empresa proveedora de alimentos para Qali Warma.
El origen de la crisis: intoxicaciones y alimentos en mal estado
El programa Qali Warma, considerado fundamental para combatir la desnutrición infantil, se encuentra bajo escrutinio tras los recientes escándalos. Reportes de intoxicaciones alimentarias y alimentos en mal estado, como conservas con hongos y carne adulterada, han desatado la indignación pública.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en Ayacucho, donde se distribuyeron conservas de pollo con hongos. También se descubrió la entrega de carne de caballo etiquetada como carne de res por la empresa Frigoinca S.A.C., lo que intensificó las sospechas de corrupción y negligencia en el manejo del programa.
Además, un reportaje de Punto Final reveló que Freddy Hinojosa, exdirector de Qali Warma y actual vocero presidencial, estaría involucrado en un caso de sobornos a funcionarios para garantizar contratos millonarios con Frigoinca. Según la investigación, esta empresa creció exponencialmente durante la gestión de Hinojosa, cuando Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Julio Demartini y los cambios en Qali Warma
En respuesta a las crecientes críticas, el ministro Julio Demartini anunció una reforma estructural del programa Qali Warma. El titular del MIDIS informó que en 2025 será reemplazado por un nuevo modelo denominado Wasi Mikuna, el cual buscará mayor participación comunitaria y privada, además de una fiscalización más estricta.
“Qali Warma ya no es suficiente para las necesidades actuales. Wasi Mikuna será un programa comunitario que involucrará a las asociaciones de padres de familia, empresas privadas y fiscalización estatal”, declaró Demartini.
Como parte de estos cambios, el ministro solicitó la renuncia de Pedro Ripalda, entonces director de Qali Warma, quien fue reemplazado por Cecilia Barbieri. Además, agradeció el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) para mitigar la crisis.
Sin embargo, los anuncios no han logrado aplacar las críticas, y las recientes revelaciones de corrupción han puesto en entredicho la gestión de Demartini.
Corrupción y negligencia: la sombra de Frigoinca
Frigoinca S.A.C., una de las principales empresas proveedoras de alimentos para Qali Warma, ha estado en el centro de las acusaciones. Según investigaciones periodísticas, la compañía habría ofrecido sobornos para asegurar contratos millonarios con el Estado, incluso distribuyendo productos de calidad cuestionable.
Entre los hallazgos más polémicos está la donación de conservas no aptas para el consumo humano a refugios de animales. Estas irregularidades llevaron a la destitución de 22 funcionarios de Qali Warma y de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).
El despacho presidencial negó cualquier vínculo entre Dina Boluarte y las denuncias de corrupción, argumentando que los contratos con Frigoinca comenzaron después de su gestión como ministra. Sin embargo, las investigaciones continúan, y el programa alimentario sigue bajo una intensa presión mediática y social.
La Procuraduría entra en acción
La Procuraduría General de la República también ha intervenido en el caso, solicitando a la Fiscalía investigar las irregularidades en Qali Warma. Además de los alimentos en mal estado, la institución busca esclarecer si hubo negligencia o complicidad por parte de los funcionarios del MIDIS en los contratos otorgados a proveedores cuestionados.
El hallazgo de productos contaminados y etiquetados incorrectamente ha generado un fuerte rechazo social, y la ciudadanía exige una mayor transparencia en la gestión del programa.
El impacto en los escolares: un llamado de atención urgente
Qali Warma, que diariamente alimenta a millones de escolares en zonas vulnerables, enfrenta su mayor crisis desde su creación en 2012. Los casos de intoxicación no solo ponen en peligro la salud de los niños, sino que también afectan la confianza en uno de los programas sociales más importantes del país.
Para padres de familia como Rosa Gutiérrez, en Puno, el problema va más allá de los alimentos contaminados. “¿Cómo podemos confiar en un programa que distribuye alimentos que enferman a nuestros hijos? Lo mínimo que exigimos es que los responsables sean sancionados”, declaró a medios locales.
Perspectivas futuras y desafíos
Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, el futuro de Qali Warma pende de un hilo. Aunque el ministro Demartini promete un modelo mejorado con Wasi Mikuna, los retos son inmensos.
La implementación de un nuevo programa requerirá no solo cambios estructurales, sino también una mayor fiscalización y la erradicación de redes de corrupción que han dañado la reputación del sistema actual. Asimismo, será crucial recuperar la confianza de las comunidades afectadas, quienes demandan acciones inmediatas para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos.
Conclusión: la crisis de Qali Warma como reflejo de un sistema en declive
La situación actual de Qali Warma es un recordatorio de cómo la corrupción y la negligencia pueden socavar incluso los programas más bien intencionados. Para el Perú, el desafío no solo radica en mejorar la gestión de los programas sociales, sino también en establecer mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas.
Según el informe de Luis Paucar para Infobae, este caso subraya la importancia de una gestión responsable y el compromiso de garantizar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables lleguen en condiciones óptimas. Mientras la Fiscalía y otros organismos investigan, la sociedad civil sigue vigilante, exigiendo justicia y reformas que aseguren el bienestar de los niños peruanos.
