El líder de Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, enfrenta un nuevo capítulo en su ya extenso historial judicial. La Corte Suprema ha rechazado un recurso de queja presentado por su defensa y ratificado la orden para reabrir un juicio en su contra por el presunto desvío de más de S/2 millones de fondos públicos, destinados originalmente a un proyecto de reforestación en el valle del Mantaro.
Esta decisión, respaldada por la Sala Penal Permanente, surge tras la anulación de una sentencia que, en 2022, había absuelto a Cerrón de las acusaciones de malversación. Según los magistrados, el juicio anterior presentó inconsistencias, entre ellas la falta de un debate pericial adecuado entre informes contradictorios y la ausencia de testimonios clave.
El caso de los fondos desviados
La Fiscalía sostiene que, durante la gestión de Cerrón como gobernador en 2012, un monto de S/2.288.088 destinado a la reforestación de la margen derecha del valle del Mantaro fue redirigido para financiar otras nueve obras no contempladas inicialmente.
La fiscal Bonnie Bautista, encargada del caso, ha solicitado una pena de dos años y 11 meses de prisión efectiva para Cerrón, además de una reparación civil de S/100,000 a favor del Estado. Según el Ministerio Público, las decisiones sobre el desvío de fondos habrían sido responsabilidad directa de Cerrón y sus colaboradores más cercanos.
Por otro lado, la defensa del exgobernador asegura que la decisión fue tomada por el Consejo Regional de Junín y no por Cerrón de manera individual. Sin embargo, esta postura no ha convencido al tribunal, que enfatizó la necesidad de un nuevo juicio para esclarecer los hechos.
Intentos de Cerrón por detener el proceso
En un intento por frenar el nuevo juicio, la defensa de Cerrón presentó un recurso de casación, argumentando que las decisiones previas carecían de motivación adecuada y que las pruebas periciales no habían sido evaluadas de forma correcta. No obstante, la Corte Suprema declaró infundado el recurso, señalando que el objetivo de este tipo de mecanismos no es revaluar pruebas, sino revisar las reglas aplicadas en el proceso probatorio.
El tribunal también destacó que las pruebas documentales, testimoniales y periciales deben ser analizadas con mayor rigurosidad en el nuevo juicio para garantizar una resolución justa y objetiva.
Un líder político bajo la lupa
El caso de malversación de fondos no es el único problema judicial que enfrenta Vladimir Cerrón. El exgobernador permanece prófugo de la justicia desde octubre de 2023, cuando fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión en el caso del Aeródromo Wanka. Además, se le ha dictado prisión preventiva por 24 meses en el marco de una investigación por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre.
A estos procesos se suma una lista de investigaciones y juicios pendientes que cuestionan su gestión como gobernador y su papel en la política peruana. Cerrón también ha sido señalado por su presunta vinculación con crímenes organizados y otros actos de corrupción.
El impacto de la ‘Ley Soto’ en los procesos de Cerrón
El pasado 12 de noviembre, el Poder Judicial rechazó un intento de Cerrón para acogerse a los beneficios de la conocida ‘Ley Soto’, que permite declarar prescritos ciertos delitos bajo condiciones específicas.
Cerrón buscaba que se aplicara esta normativa al caso Antalsis, en el que se le investiga por cohecho pasivo propio. Según su defensa, el plazo de prescripción ya habría vencido debido a los años transcurridos desde la supuesta comisión del delito.
Sin embargo, el juez Cristóbal Ayala desestimó esta solicitud, argumentando que la suspensión de la prescripción no aplica en casos complejos o relacionados con crímenes organizados. El magistrado resaltó que aunque existen precedentes en los que se aplicó la ‘Ley Soto’, estos no son comparables con el nivel de complejidad del caso de Cerrón.
Un nuevo juicio y un futuro incierto
La reapertura del juicio por malversación representa un desafío adicional para el líder de Perú Libre, quien ha utilizado su posición política para defenderse públicamente de las acusaciones en su contra. En este contexto, tanto la Fiscalía como los órganos judiciales han enfatizado la necesidad de actuar con celeridad y transparencia para garantizar una resolución que refuerce la confianza en el sistema judicial.
Mientras tanto, el caso sigue generando debate en el ámbito político y social, especialmente en un contexto donde los temas de corrupción y rendición de cuentas son prioritarios para la ciudadanía.
La sombra de la corrupción en el panorama político peruano
El caso de Vladimir Cerrón no solo pone en evidencia los desafíos legales que enfrenta un personaje clave de la política peruana, sino que también refleja los problemas estructurales del sistema político y administrativo del país.
En medio de este panorama, la pregunta sigue siendo si la justicia peruana logrará resolver los casos pendientes con la imparcialidad y eficacia necesarias, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción.
El próximo juicio contra Cerrón será un termómetro de cómo el sistema judicial puede enfrentar casos de alta relevancia política y si logrará avanzar en un país que exige, con urgencia, un cambio profundo en sus instituciones.
