La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un texto sustitutorio que busca prohibir la postulación a cargos públicos de ciudadanos sentenciados por ciertos delitos graves. Sin embargo, la iniciativa ha desatado críticas por excluir delitos como violación sexual, lavado de activos y corrupción. Con 17 votos a favor, el proyecto avanza hacia su debate en el Pleno, pero su contenido ha sido señalado como un ejemplo de cómo intereses políticos particulares influyen en las reformas legales.
Según el informe de Narda Saavedra para La República, la propuesta incluye delitos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín, pero deja fuera otros delitos igualmente graves, generando cuestionamientos sobre la transparencia e idoneidad de la medida.
El proyecto y sus exclusiones
El texto sustitutorio, sustentado por el congresista Fernando Rospigliosi, plantea limitar la participación política de quienes hayan sido condenados por delitos graves que atenten contra el sistema democrático. Entre los delitos inicialmente incluidos en el proyecto se encontraban violación sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro y traición a la patria. Sin embargo, la versión aprobada reduce significativamente este alcance.
En febrero de este año, el proyecto sufrió ajustes que eliminaron delitos clave como corrupción y violación sexual, limitándose a incluir únicamente terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín. Este cambio generó críticas y provocó que el texto regresara a la Comisión de Constitución para ser revisado.
Críticas por proteger intereses particulares
Diversos sectores políticos y sociales han expresado su preocupación por la selectividad de los delitos incluidos en el proyecto. La congresista Flor Pablo denunció que la reforma responde a intereses específicos de las bancadas, protegiendo a figuras políticas relacionadas con ciertos delitos.
“Cada uno tiene a su delincuente. Han puesto todos los delitos asociados a Antauro, pero no han puesto secuestro o corrupción de funcionarios porque allí limitaría la participación de Fujimori y de otros personajes de ese sector. Cada uno está cuidando a sus sentenciados y no se logra llegar a un proyecto de ley que busca la idoneidad para la política”, señaló Pablo.
Esta situación también pone en evidencia casos concretos dentro del Congreso. La parlamentaria recordó que el congresista Freddy Díaz está siendo procesado por un caso de violación sexual contra una trabajadora del Legislativo, pero que, de aprobarse esta reforma tal como está planteada, podría volver a postular incluso si fuese condenado.
Una reforma a medida
El dictamen aprobado en la Comisión de Constitución evidencia, según analistas y críticos, un enfoque selectivo que busca proteger a figuras asociadas a ciertos sectores políticos. Por ejemplo, delitos como motín y rebelión, relacionados con líderes como Antauro Humala, están incluidos, mientras que delitos como corrupción de funcionarios, vinculados a personajes del fujimorismo, fueron excluidos.
La reforma también deja fuera delitos económicos y contra la administración pública, como colusión y lavado de activos, que han sido centrales en casos de gran impacto como los de Odebrecht. Esta omisión limita las posibilidades de sancionar políticamente a quienes han cometido estos crímenes, lo que genera dudas sobre el verdadero objetivo de la propuesta.
Consecuencias políticas y sociales
La aprobación de esta reforma podría tener serias implicancias para la política peruana, permitiendo que sentenciados por delitos graves como violación sexual o corrupción mantengan la posibilidad de postular a cargos de elección popular.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han señalado que excluir delitos como violación sexual perpetúa la impunidad y envía un mensaje equivocado sobre la importancia de combatir la violencia de género en el país.
Por otro lado, la falta de sanciones políticas para los responsables de corrupción y delitos económicos contradice los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la lucha contra la impunidad, objetivos fundamentales en un contexto de crisis de confianza en las instituciones públicas.
Un llamado a la idoneidad
Los críticos de la reforma insisten en que la idoneidad debe ser un principio central en la elección de los representantes públicos. Permitir que personas sentenciadas por delitos graves accedan a cargos de poder pone en riesgo la credibilidad de las instituciones democráticas y afecta la confianza ciudadana en el sistema político.
Flor Pablo y otros congresistas han instado a sus colegas a priorizar una reforma que garantice la exclusión de todos los sentenciados por delitos graves, sin excepciones ni selectividades que respondan a intereses partidarios o personales.
“El país necesita líderes íntegros y comprometidos con la transparencia. No podemos permitir que intereses particulares sigan marcando la agenda legislativa,” enfatizó Pablo durante el debate en la Comisión de Constitución.
Camino al Pleno
El proyecto aprobado ahora será debatido en el Pleno del Congreso, donde se espera que continúe generando controversias. Diversos sectores de la sociedad civil, incluidos organismos internacionales y expertos legales, han instado a los legisladores a revisar el contenido de la reforma para garantizar que se ajuste a los principios de igualdad, justicia y transparencia.
Si bien la iniciativa busca fortalecer el sistema democrático al limitar la participación de sentenciados, su alcance reducido y las exclusiones notorias generan dudas sobre su eficacia y legitimidad.
Conclusión
La reforma constitucional aprobada por la Comisión de Constitución plantea un importante desafío para el Congreso y para la sociedad peruana en general. En un contexto de crisis institucional y desconfianza hacia la clase política, es esencial que las reformas legales reflejen un verdadero compromiso con la justicia y la transparencia, evitando cualquier indicio de favoritismo o selectividad.
