El Poder Judicial, a través del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, homologó el acuerdo de colaboración eficaz entre el Equipo Especial Lava Jato, la Procuraduría Pública Ad Hoc y la empresa peruana Obrainsa, implicada en diversos casos de corrupción. Según el informe presentado por Eva Palomino para La República, esta decisión representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en el país.
La sentencia, emitida el pasado 15 de noviembre por el juez Ubaldo Callo Deza, establece que Obrainsa deberá pagar una reparación civil superior a los S/81.8 millones en un plazo de 12 años, además de los intereses acumulados, los cuales se sumarán en una cuota adicional. Este acuerdo incluye una cláusula que refuerza la garantía del pago mediante la creación de un fideicomiso administrado por entidades estatales como Cofide o el Banco de la Nación.
Reconocimiento de culpabilidad y colaboración
Obrainsa ha reconocido su participación en delitos de corrupción asociados a 11 proyectos de infraestructura, incluyendo su rol dentro del conocido ‘Club de la Construcción’, un esquema que manipulaba licitaciones públicas bajo una fachada de competencia. Como parte del acuerdo, dos altos ejecutivos de la empresa han confesado su culpabilidad y colaboran activamente con información clave en las investigaciones en curso.
La procuradora ad hoc, Silvana Carrión Ordinola, destacó que este es el cuarto acuerdo de colaboración eficaz homologado en el marco del mega caso Lava Jato. Además, enfatizó que la aprobación permitirá al Estado peruano recibir pagos adelantados por conceptos de reparación civil en casos emblemáticos como ‘Lomas de Ilo’ y ‘Club de la Construcción’, que involucran a figuras políticas de alto perfil, incluyendo los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala.
El caso ‘Lomas de Ilo’ y el vínculo con Martín Vizcarra
Uno de los casos más destacados asociados a este acuerdo es el de ‘Lomas de Ilo’, donde Elard Tejada Moscoso, exdirectivo de Obrainsa, confesó haber pagado un soborno de un millón de soles a Martín Vizcarra en 2013, cuando este se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.
Según la declaración de Tejada ante el juez Germán Juárez Atoche, Vizcarra solicitó el soborno como condición para garantizar el contrato de adjudicación. “Después que nos otorgaran la buena pro y antes de firmar el contrato, recibo otra llamada de Martín Vizcarra, entre el día 2 y 3 de ese mes (diciembre de 2013), y me pide que le alquile una avioneta para transportar a unas personas. (…) Cuando le hablo del detalle, me dice que el pago se iba a hacer a cargo del acuerdo que tenía con él, que era el 2%”, relató el exdirectivo.
Esta confesión es una pieza central en las investigaciones que buscan establecer la magnitud de los delitos y la participación de las figuras involucradas.
Salvaguardas legales y transparencia
Una de las cláusulas más relevantes del acuerdo prohíbe a Obrainsa iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos que puedan perjudicar al Estado peruano en relación con los proyectos incluidos en la colaboración eficaz. Esto asegura que el convenio no solo garantice el pago de la reparación civil, sino también el respeto al marco legal y la transparencia en futuras operaciones.
Además, la creación del fideicomiso permite a las autoridades tener control directo sobre los recursos destinados al cumplimiento de la reparación, eliminando riesgos de evasión o incumplimiento por parte de la empresa.
Avances en el caso Lava Jato en el Perú
El caso Lava Jato ha tenido un impacto significativo en el panorama político y empresarial peruano, destapando redes de corrupción que involucran a empresas nacionales y extranjeras. La colaboración eficaz se ha consolidado como una herramienta crucial para obtener información y reparar los daños al Estado.
Con este acuerdo, el Estado peruano suma una nueva victoria en su esfuerzo por recuperar fondos desviados por actos de corrupción. Según Carrión Ordinola, el proceso también marca un precedente para futuros acuerdos y refuerza la lucha contra la impunidad en casos de alto perfil.
Retos y expectativas
Aunque este acuerdo representa un avance importante, los casos relacionados con Lava Jato siguen enfrentando desafíos. La magnitud de las redes de corrupción, la participación de figuras políticas y empresariales de alto rango, y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas son retos persistentes.
El Poder Judicial y el Ministerio Público han enfatizado su compromiso con la independencia y objetividad en la conducción de las investigaciones. A través de acuerdos como el de Obrainsa, buscan no solo sancionar a los responsables, sino también prevenir que prácticas similares se repitan en el futuro.
Conclusión
La homologación del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y Obrainsa marca un nuevo hito en la lucha contra la corrupción en el Perú. Con el compromiso de pagar más de S/81.8 millones en reparación civil y la colaboración activa en las investigaciones, el caso refleja el impacto de la justicia en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas.
