El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, declaró que la investigación y la orden de captura contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, no justifican los pedidos de renuncia de la mandataria. Según Demartini, estas demandas responden a motivaciones políticas destinadas a debilitar el liderazgo de la presidenta, quien, aseguró, no renunciará a su cargo y está comprometida con dirigir al Perú hacia el desarrollo.
“Se busca mellar la voluntad de la presidenta y forzarla, desde un enfoque político, a renunciar o dar un paso al costado. Ella no lo hará. Está comprometida con el Perú y con su labor de encaminar al país hacia la senda correcta del desarrollo”, sostuvo el ministro en declaraciones a la prensa.
El caso Nicanor Boluarte: un proceso judicial controvertido
Nicanor Boluarte enfrenta una orden de prisión preventiva por 36 meses dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, en el marco del caso Waykis en la Sombra, donde se le acusa de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Según las autoridades, Boluarte habría participado en actividades ilícitas que involucran a otros tres investigados: Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez.
El proceso tomó un giro inesperado cuando, tras la emisión de la medida judicial, Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad. Ni siquiera su abogado, Luis Vivanco, pudo precisar su paradero, indicando durante las audiencias públicas que no había logrado comunicarse con él.
Además, se ha solicitado a las autoridades nacionales e internacionales, incluido Interpol, que colaboren en su localización y captura. La ausencia de Boluarte en las sesiones ha complicado aún más el caso, mientras su defensa legal insiste en que las decisiones judiciales tienen motivaciones políticas.
¿Prisión preventiva o decisión política?
Demartini criticó la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, calificándola de excesiva y parte de una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano. Según el ministro, la prisión preventiva debería ser excepcional y no un recurso común en casos donde aún no se ha probado la culpabilidad del acusado.
“En Perú, se está normalizando el uso de la prisión preventiva como si fuera una sentencia anticipada. Aquí no se está juzgando el fondo del caso, solo se está deteniendo a una persona durante tres años para evaluar si cometió o no el delito”, afirmó.
Esta postura ha generado debate en la opinión pública, ya que algunos consideran que las acusaciones contra Nicanor Boluarte son graves y ameritan medidas estrictas, mientras otros cuestionan si la prisión preventiva es adecuada en este caso.
Impacto político y llamados a la renuncia de Dina Boluarte
El vínculo familiar entre Dina Boluarte y su hermano ha llevado a sectores opositores a exigir su renuncia, argumentando que su posición como presidenta podría interferir en el desarrollo imparcial de las investigaciones. Sin embargo, tanto Boluarte como sus ministros han rechazado categóricamente estas demandas, asegurando que la mandataria no tiene relación con las actividades de su hermano ni con las acusaciones en su contra.
Para Demartini, los pedidos de dimisión de Boluarte responden a intentos de desestabilización política. “Están utilizando este caso como una herramienta para atacar a la presidenta. Ella está comprometida con el país y no renunciará por decisiones personales de terceros”, enfatizó. Se lee en el informe de Mauricio Muñoz para el Portal La República
Nicanor Boluarte y el caso ‘Waykis en la Sombra’
El caso Waykis en la Sombra involucra una presunta red de corrupción que operaba en diversos niveles de la administración pública. Según las investigaciones, los imputados habrían utilizado sus contactos para facilitar la adjudicación irregular de contratos y beneficios ilícitos.
La orden de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros implicados se emitió tras determinarse que existía riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia. Esta medida también se basó en la incapacidad del acusado para demostrar arraigo laboral o domiciliario.
La situación de Nicanor Boluarte se agravó cuando no se presentó a las audiencias programadas, lo que llevó al juez a solicitar su ubicación inmediata. Su paso a la clandestinidad ha sido calificado como una “decisión personal” por el ministro Demartini, quien sostuvo que cada individuo es responsable de sus propias acciones.
Reacciones de la defensa y la opinión pública
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, ha expresado su desacuerdo con la prisión preventiva, señalando que viola los derechos fundamentales de su cliente. Según Vivanco, esta medida es desproporcionada y no se ajusta a los estándares internacionales de justicia.
Mientras tanto, la opinión pública está dividida. Por un lado, hay quienes exigen que la justicia actúe con firmeza y transparencia, independientemente de los vínculos familiares del acusado. Por otro lado, algunos sectores consideran que el caso está siendo utilizado como una herramienta política para debilitar al Gobierno.
Conclusión: un desafío político y judicial
El caso de Nicanor Boluarte no solo representa un desafío para el sistema judicial peruano, sino también un golpe político para la administración de Dina Boluarte. Aunque la presidenta ha intentado mantener distancia respecto a las acusaciones contra su hermano, el caso ha reavivado las críticas sobre la transparencia y la imparcialidad en su Gobierno.
La resolución de este proceso será crucial para determinar si las instituciones peruanas pueden garantizar justicia sin interferencias políticas. Al mismo tiempo, el desenlace tendrá implicaciones significativas para la estabilidad del Gobierno y la confianza de los ciudadanos en sus líderes.
