La justicia peruana ha ordenado la captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras dictarle 36 meses de prisión preventiva. Boluarte enfrenta acusaciones de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, cargos vinculados al caso conocido como ‘Waykis en la sombra’. Esta decisión, adoptada por el juez Richard Concepción Carhuancho, se produce tras la inasistencia de Boluarte a la audiencia judicial del 18 de noviembre.
El caso ‘Waykis en la sombra’: una red criminal bajo la lupa
El caso en cuestión involucra una presunta red de corrupción que compromete a altos funcionarios y operadores políticos, entre ellos Nicanor Boluarte. Según la Fiscalía, los acusados habrían utilizado su influencia para obtener beneficios ilícitos, perjudicando los intereses del Estado. En este contexto, la investigación busca determinar la magnitud de las operaciones y el rol de cada uno de los involucrados.
Además de Nicanor Boluarte, otros tres investigados, Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez, también enfrentan medidas similares. Todos ellos han presentado recursos de apelación contra el fallo judicial.
Falta de arraigo y riesgo de fuga: las razones de la medida preventiva
El juez Richard Concepción Carhuancho justificó su decisión señalando que Boluarte no pudo acreditar arraigo domiciliario, laboral ni económico, factores clave para considerar que podría sustraerse del proceso judicial. Esta ausencia de arraigo, sumada al comportamiento evasivo del acusado, incrementa el riesgo de fuga y la posibilidad de que interfiera con la investigación.
El abogado de Boluarte, Luis Vivanco, admitió no haber tenido contacto con su cliente, lo que agrava aún más la situación. Según el abogado, esta desconexión no solo dificulta la defensa, sino que pone en evidencia una posible intención de eludir la justicia.
Una controversia legal y mediática
La decisión del juez ha generado opiniones divididas. Joseph Campos, otro de los abogados de Nicanor Boluarte, calificó la medida de prisión preventiva como «inconstitucional» y acusó al juez Concepción Carhuancho de actuar con parcialidad. Campos alegó que el juez ya había expresado su opinión sobre el caso antes de que este se judicializara, lo que comprometería su imparcialidad.
El abogado también sugirió que la ausencia de su cliente en las audiencias no debería interpretarse como una admisión de culpabilidad, sino como un intento de proteger su libertad frente a lo que considera un sistema judicial sesgado. “Es una decisión humana”, señaló Campos, refiriéndose a la posibilidad de que Boluarte se encuentre escondido.
Por otro lado, la Fiscalía respalda la resolución judicial, argumentando que las pruebas presentadas y el comportamiento del acusado justifican la medida preventiva.
La búsqueda internacional: un caso en manos de Interpol
Con la orden de captura ya en curso, se ha solicitado a Interpol que emita una alerta roja para localizar y detener a Nicanor Boluarte en cualquier parte del mundo. Este procedimiento busca garantizar su presentación ante las autoridades peruanas y dar inicio a los 36 meses de prisión preventiva estipulados en la resolución judicial.
El paradero de Boluarte es actualmente desconocido, y su inasistencia a las audiencias refuerza las especulaciones sobre un posible escape. Según la defensa, esta situación no necesariamente implica culpabilidad, pero sí complica la percepción pública del caso.
Repercusiones políticas y legales
La implicación de Nicanor Boluarte en este escándalo ha puesto bajo escrutinio la gestión de su hermana, la presidenta Dina Boluarte. Aunque no se ha señalado vínculo alguno entre la mandataria y las acusaciones contra su hermano, la situación afecta la imagen de transparencia del Gobierno.
Dina Boluarte ha mantenido silencio sobre el tema, pero sectores de la oposición han utilizado este caso para cuestionar la integridad del Ejecutivo. En paralelo, la controversia ha reavivado el debate sobre la imparcialidad del sistema judicial peruano, especialmente en casos que involucran a figuras políticas o sus allegados.
¿Qué sigue en el caso?
Mientras continúa la búsqueda de Nicanor Boluarte, el proceso judicial avanza con la recolección de más pruebas y testimonios. El Ministerio Público ha señalado que este caso podría sentar precedentes importantes en la lucha contra la corrupción en el país.
Sin embargo, el desenlace del caso dependerá en gran medida de la captura de Boluarte y de los demás implicados. Por ahora, la opinión pública permanece dividida, con algunos sectores exigiendo justicia y otros cuestionando la objetividad de las autoridades judiciales.
Conclusión
El caso ‘Waykis en la sombra’ y la orden de captura contra Nicanor Boluarte son un recordatorio de los retos que enfrenta el Perú en la lucha contra la corrupción. La medida de prisión preventiva busca garantizar que los acusados enfrenten un juicio justo, pero también pone de manifiesto las tensiones y críticas hacia el sistema judicial.
El futuro de este caso será clave no solo para esclarecer los delitos imputados, sino también para determinar la capacidad del Estado peruano de actuar con transparencia y eficacia ante situaciones de alto impacto político y social.
