La Oficina General de Administración del Despacho Presidencial aprobó la contratación directa de la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo, con un presupuesto de S/ 180,000. La resolución, emitida en octubre pasado y revelada recientemente, destina estos fondos para la representación de Toledo durante la etapa de juzgamiento y hasta la emisión de la sentencia casatoria. La medida ha causado polémica debido al uso de recursos públicos en beneficio de un exmandatario condenado por corrupción.
El caso Odebrecht: El inicio de la caída de Toledo
Alejandro Toledo, presidente del Perú entre 2001 y 2006, enfrenta una condena de 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos. Según el fallo judicial, el exmandatario habría recibido sobornos de la constructora Odebrecht por más de 30 millones de dólares, a cambio de favorecerla en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, entre 2004 y 2005.
Esta sentencia convierte a Toledo en el primer expresidente latinoamericano condenado por su vinculación con el megacaso Odebrecht, aunque no es el único mandatario peruano enjuiciado por corrupción. Otros implicados en este caso incluyen:
- Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, exfuncionarios de Proinversión, condenados a nueve años de prisión.
- José Castillo Dibós, empresario, sentenciado a 14 años.
El testimonio clave de Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht, y las declaraciones del empresario israelí Josef Maiman, quienes fungieron como colaboradores eficaces, fueron determinantes para establecer la culpabilidad de Toledo. Sin embargo, su defensa ha cuestionado la imparcialidad de las pruebas y la interpretación judicial.
Una defensa polémica: ¿Por qué S/ 180,000 del Estado?
La resolución del Despacho Presidencial asigna fondos equivalentes a S/ 180,000 para la representación de Toledo en esta etapa crucial de su juicio. La decisión fue aprobada por la Oficina de Abastecimiento y busca garantizar que el expresidente tenga representación hasta que se emita una sentencia definitiva.
Esta medida ha generado controversia, pues muchos cuestionan la legitimidad de destinar recursos públicos a la defensa de un exmandatario ya condenado. En un caso similar, en 2022, la administración del entonces presidente Pedro Castillo también asignó la misma cantidad para la defensa de Toledo.
Postura de la defensa: Críticas al proceso judicial
El abogado de Toledo, Roberto Su, confirmó la asignación y anunció que apelará la sentencia en una sala superior. Durante una entrevista, Su calificó el fallo como “risible” y señaló que se basa en pruebas parciales, específicamente en las declaraciones de Barata y Maiman.
“La sentencia se fundamenta solo en las partes de los testimonios que convienen a la acusación. Antes se decía que Barata no era confiable, pero cuando acusa a Toledo, de repente tiene razón. Es un doble estándar”, afirmó Su.
Además, la defensa planea solicitar arresto domiciliario para Toledo, argumentando que su salud es delicada. Entre las enfermedades que padece el expresidente se encuentran cáncer, diabetes, problemas cardíacos y trastornos psiquiátricos.
Reacciones: Un debate sobre el uso de recursos públicos
La asignación de recursos públicos para financiar la defensa de Toledo ha dividido a la opinión pública. Mientras que algunos señalan que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a una defensa justa para todos, incluso para altos funcionarios, otros consideran inaceptable que los fondos se utilicen para defender a un exmandatario condenado por corrupción.
La situación ha sido comparada con el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuya defensa legal también ha sido financiada por el Estado en las investigaciones relacionadas con las muertes de manifestantes en las protestas de 2022 y 2023. Sin embargo, la diferencia clave radica en que Boluarte no ha sido condenada, mientras que Toledo ya enfrenta una pena firme.
Impacto en la política peruana
El caso Toledo no solo representa un hito en la lucha contra la corrupción en Perú, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos. La polémica en torno a esta decisión podría tener repercusiones para el Gobierno de Dina Boluarte, quien ya enfrenta una crisis de legitimidad debido a otros escándalos y problemas sociales.
Odebrecht: Un caso que marcó a toda América Latina
El escándalo Odebrecht ha sido uno de los mayores desafíos para las democracias latinoamericanas. Desde Brasil hasta Perú, la trama de sobornos de la constructora brasileña ha expuesto la corrupción sistemática en los más altos niveles del poder.
En Perú, además de Toledo, otros expresidentes como Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra han sido investigados por vínculos con este caso. La condena de Toledo, aunque significativa, es solo una parte de un problema mucho más profundo que sigue afectando al país.
Próximos pasos en el proceso judicial
La defensa de Toledo presentará un recurso de apelación en busca de anular o reducir la sentencia. Además, se solicitará el cambio de la medida de prisión por arresto domiciliario, argumentando el estado de salud del expresidente.
Por otro lado, la asignación de fondos públicos para su defensa podría ser objeto de revisiones legales y administrativas, especialmente si surgen cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Conclusión: ¿Justicia o impunidad?
El caso de Alejandro Toledo simboliza tanto los avances como los retos pendientes en la lucha contra la corrupción en Perú. Si bien su condena establece un precedente importante, el debate sobre el financiamiento de su defensa refleja las tensiones entre la búsqueda de justicia y la percepción de impunidad.
El desenlace de este caso será crucial para definir el papel de las instituciones peruanas en la rendición de cuentas, así como para evaluar la eficacia del sistema judicial frente a la corrupción de alto nivel.
