El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU emitió un fallo histórico el 25 de octubre, declarando responsable al gobierno de Alberto Fujimori por violar los derechos de cinco mujeres peruanas que denunciaron haber sido víctimas de esterilizaciones forzadas entre 1996 y 1997. Este dictamen implica al Estado peruano, recomendándole implementar una serie de reparaciones y brindar apoyo psicológico a las afectadas y sus familias. Según el informe de Renato Silva para Infobae.
Las cinco mujeres —María Elena Carbajal Cepeda, Gloria Basilio Huamán, Florentina Loayza Cárdenas, Rosa Loarte Sobrado y Elena Rojas Caballero— presentaron su caso ante el Comité en 2020, exponiendo los abusos sufridos bajo el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Fujimori. Según el informe de la ONU, María Elena Carbajal relató cómo, en 1996, le fue negado el acceso a su recién nacido en el Hospital María Auxiliadora de Lima hasta que aceptara someterse a una esterilización. Ante la presión y la amenaza de no devolverle a su hijo, acabó cediendo al procedimiento.
Leticia Bonifaz, representante del Comité de la ONU, señaló que los testimonios de las víctimas coinciden en describir cómo fueron coaccionadas o engañadas para aceptar esterilizaciones en clínicas sin personal o infraestructura adecuada, en muchos casos sin hablar español o sin comprender los procedimientos que les practicaban.
Posición del Estado y respuesta del Comité
El Estado peruano respondió ante el Comité alegando que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar no buscaba afectar a un grupo en particular, argumentando que incluyó a mujeres y hombres por igual y que no tenía como fin vulnerar derechos. Sin embargo, las denunciantes recalcaron que este programa condujo a la esterilización forzada de más de 300,000 mujeres, en su mayoría indígenas de zonas altoandinas, entre 1996 y 2001.
El Comité rechazó la defensa estatal, apuntando que Perú no ofreció pruebas sobre el consentimiento informado de las afectadas y enfatizando que la falta de investigación e indemnización adecuada constituye discriminación contra la mujer.
