El anuncio de un paro nacional por parte de gremios de transportistas ha generado una confrontación abierta con el gobierno de Dina Boluarte. Este paro, convocado para los días 13, 14 y 15 de noviembre, coincidirá con la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), en la que participarán altos dignatarios y mandatarios de América y Asia. Ante esto, el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, tachó de “traidores a la patria” a quienes participen en las movilizaciones, argumentando que estas irían en contra de los intereses del país.
Según el informe de Clara Giraldo para Infobae, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, calificó las declaraciones de Hinojosa como una «falta de respeto» hacia los gremios que exigen acciones inmediatas frente a la creciente ola de crímenes y extorsiones que afecta a ciudadanos y conductores. Palomino enfatizó que el paro tiene carácter pacífico y busca visibilizar la inseguridad que se vive en el país, además de exhibir la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
Demandas de los gremios y posición del Congreso
Palomino también indicó que los gremios no bloquearán las carreteras y que, si el Congreso revocara la Ley contra el Crimen Organizado, podría reconsiderarse la medida de paro. En este sentido, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas de Carga (Asotrani), pidió al Congreso que convoque a un pleno extraordinario para derogar esta ley, la cual, aseguran, ha sido ineficaz en la lucha contra el crimen organizado. “No vemos señales, vemos resistencia”, manifestó Carrera, criticando la falta de acción legislativa ante sus demandas.
Reacciones del gobierno y posibles repercusiones
Por su parte, el vocero Hinojosa defendió la relevancia de la cumbre APEC para el país, afirmando que convocar una protesta en esas fechas es un acto de deslealtad hacia los intereses nacionales. “Uno no destruye lo que ama. Nosotros amamos al Perú. Todo aquel que convoque a una paralización en los días en que se realice el foro APEC es un traidor a los intereses de la patria”, declaró. El primer ministro Gustavo Adrianzén se pronunció en términos similares, llamando a evitar un “mal espectáculo” ante la comunidad internacional y recalcando la necesidad de proyectar una imagen de seguridad y estabilidad durante la cumbre.
Sin embargo, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, señaló que, aunque apoya el diálogo como herramienta de cambio, el paro durante la cumbre es una mala señal hacia el exterior. “El Gobierno no está actuando como debería ante la inseguridad, pero hay que diferenciar lo que es el Gobierno y el país”, explicó, mostrando un respaldo moderado hacia las demandas pero enfatizando en la inconveniencia de las fechas seleccionadas para la protesta.
Confirmación del paro y respuesta del gobierno
A pesar de los llamados del gobierno para cancelar el paro, los gremios han reafirmado que la medida de fuerza sigue en pie. En respuesta, el gobierno de Boluarte declaró el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, y anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en las labores de seguridad. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por los alcaldes de las zonas afectadas, quienes afirman que las medidas de emergencia no han logrado reducir los índices de criminalidad en sus jurisdicciones.
El paro de los transportistas promete ser un punto de tensión adicional para la administración de Boluarte en un momento clave para la imagen del país, que enfrentará un examen internacional ante los asistentes a la cumbre APEC. Este contexto ha intensificado el debate sobre la capacidad del gobierno para enfrentar la inseguridad, con una presión cada vez mayor por parte de diversos sectores que demandan respuestas claras y efectivas.
