El expresidente peruano Alejandro Toledo ha sido declarado culpable por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en relación con el controvertido caso de la Carretera Interoceánica, uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos y polémicos de su gobierno. La decisión fue emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, tras una larga investigación que expuso una serie de irregularidades cometidas durante su mandato.
Según el fallo, la jueza penal Inés Rojas Contreras, quien presidió el proceso, señaló que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron un “rosario de irregularidades” en la concesión de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur, en la que se involucró a la constructora brasileña Odebrecht. El tribunal encontró evidencia suficiente para concluir que Toledo utilizó su posición como jefe de Estado para organizar reuniones con altos directivos de Odebrecht, tanto en Palacio de Gobierno como en la ciudad de Río de Janeiro, con el objetivo de asegurar que la empresa obtuviera contratos multimillonarios en el proyecto.
Los hechos datan del periodo entre 2004 y 2006, cuando Toledo, como presidente, promovió la aceleración del proceso de licitación de los mencionados tramos de la carretera. Durante este tiempo, el expresidente habría solicitado pagos ilegales a cambio de garantizar que Odebrecht resultara beneficiada con la adjudicación de los contratos. La investigación también reveló que parte de estos pagos fueron canalizados a través de diversas cuentas bancarias y estructuras financieras, lo que ha agravado su situación legal.
Una red de corrupción internacional
El caso de Alejandro Toledo está estrechamente ligado al escándalo de corrupción conocido como el “Lava Jato”, que destapó la vasta red de sobornos y corrupción liderada por Odebrecht en varios países de América Latina. Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, ha sido acusado de recibir más de 30 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de favorecerla en la adjudicación de proyectos públicos. Estos sobornos se habrían efectuado a través de empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales.
En la lectura del veredicto, la jueza Inés Rojas mencionó que las pruebas presentadas por la fiscalía, que incluyeron testimonios de exdirectivos de Odebrecht y documentación financiera, fueron concluyentes para establecer la responsabilidad penal del exmandatario. El Tribunal destacó que Toledo no actuó solo, sino que contó con la colaboración de otros funcionarios de alto nivel, quienes también facilitaron la concreción de los ilícitos.
Solicitud de pena y consecuencias para Toledo
El fiscal José Domingo Pérez, conocido por su participación en diversos casos relacionados con el escándalo Odebrecht en Perú, ha solicitado una pena severa para Toledo. En concreto, pide que se le impongan nueve años de cárcel por el delito de colusión agravada y once años y seis meses por el delito de lavado de activos, lo que suma un total de más de 20 años de prisión. La gravedad de las acusaciones, según el fiscal, refleja no solo la magnitud del daño económico causado al país, sino también el impacto negativo que este caso ha tenido en la credibilidad de las instituciones peruanas.
En su defensa, Toledo ha negado constantemente las acusaciones en su contra y asegura que es víctima de una persecución política. Sin embargo, la contundencia de las pruebas en su contra ha debilitado su posición frente a la justicia. Toledo, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario en Lima tras haber sido extraditado desde Estados Unidos en abril de 2023, espera la determinación final de su condena.
El legado de corrupción y la lucha contra la impunidad
Este fallo representa un hito en la lucha contra la corrupción en Perú, donde varios expresidentes han sido implicados en delitos similares. El caso de la Carretera Interoceánica y el papel de Odebrecht en la adjudicación de contratos públicos son parte de un entramado mayor que afecta no solo a Perú, sino a varios países de la región. La sentencia contra Toledo es vista por muchos como un paso importante para combatir la impunidad que ha caracterizado a los casos de corrupción de alto nivel en el país.
La condena de Toledo también plantea interrogantes sobre el futuro de la política peruana y el estado de la democracia en el país, dado que la confianza en las instituciones sigue siendo baja. Este veredicto podría sentar un precedente para que otros líderes políticos enfrenten procesos judiciales similares y para que se refuercen los mecanismos de control en la administración pública.
En las próximas semanas, el Tribunal Superior determinará la pena definitiva para Alejandro Toledo, quien podría enfrentarse a pasar varias décadas tras las rejas. La sentencia no solo busca castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la corrupción a nivel gubernamental.
