El gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 32130, otorgando a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad para dirigir las investigaciones preliminares de delitos, decisión que ha generado controversia. Según el artículo de Infobae de la periodista Mariana Quilca Catacora, la norma fue publicada el jueves 10 de octubre en el diario oficial El Peruano, y tras 24 horas entrará en vigor, permitiendo a la PNP asumir esta nueva responsabilidad.
La congresista Patricia Juárez, promotora de la ley, instó al Ejecutivo a promulgarla de inmediato. Gustavo Adrianzén, jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunció que el Gobierno no observaría la norma, pese a las advertencias de expertos que señalaron que la medida podría ser contraproducente. Entre las críticas, se menciona que la PNP no cuenta con la capacitación suficiente para conducir investigaciones con la rigurosidad que exige el sistema judicial.
Críticas del Ministerio Público
El 11 de septiembre, el Ministerio Público expresó su preocupación por la aprobación de la ley, advirtiendo que podría comprometer la independencia del sistema judicial. Los fiscales señalaron que la transferencia de competencias a la PNP, una entidad bajo el control del Ejecutivo, pone en riesgo la imparcialidad y podría fomentar la impunidad en casos de corrupción que involucren a altos funcionarios. En su comunicado, calificaron la ley de inconstitucional y pidieron a la presidenta Boluarte que observara el proyecto, lo cual no ocurrió.
El temor principal radica en que al permitir que la PNP dirija las investigaciones, se podría violar la separación de poderes. Los fiscales insistieron en que, según la Constitución, la Policía debe investigar bajo la conducción del Ministerio Público, garantizando así que las pruebas sean legalmente válidas y que se respeten los derechos fundamentales.
Debate entre expertos
En entrevista con RPP, el exfiscal supremo Martín Salas advirtió que la ley puede afectar los procesos judiciales, ya que las pruebas obtenidas sin la presencia de un fiscal podrían ser inadmisibles en un juicio. “El fiscal es quien da legalidad a las pruebas; si la PNP actúa sola, esas pruebas podrían carecer de valor legal”, explicó.
Por otro lado, Luis Herrera, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, defendió la ley, argumentando que la PNP es la entidad más capacitada para investigar delitos, dada su experiencia en el terreno. Herrera destacó que la presencia de los fiscales en las investigaciones ha debilitado la calidad de las mismas, debido a su falta de formación en técnicas de investigación criminal. Además, subrayó la necesidad de inmediatez en la lucha contra el crimen, algo que la PNP puede ofrecer por su presencia constante en las calles, mientras que los fiscales permanecen en sus despachos.
