La congresista Ariana Orué (Podemos Perú) expresó este jueves ante el pleno su preocupación por la creciente criminalidad que afecta al país, revelando que ha sido víctima de amenazas y actos de reglaje. La parlamentaria, que ha fiscalizado a diversas autoridades en el Callao, indicó que desde hace un mes usa un chaleco antibalas y ha solicitado garantías de vida debido a los riesgos que enfrenta. “Me solidarizo con transportistas, comerciantes y todas las personas que sufren la inseguridad”, comentó, según un artículo publicado en Infobae por Luis Paucar.
Orué, quien asumió el cargo tras el fallecimiento del congresista Enrique Wong, señaló que su labor de fiscalización la ha expuesto a situaciones de peligro. “Desde que asumí el cargo, lo primero que hice fue fiscalizar a las autoridades chalacas. Desde entonces, he sido víctima de reglaje e incluso he tenido que solicitar garantías de vida para resguardar mis funciones”, declaró en una rueda de prensa. La legisladora ha fiscalizado al Hospital Alcides Carrión, a la alcaldía provincial y al Gobierno Regional del Callao.
La congresista también detalló intentos de ingreso a su vivienda y amenazas hacia personas cercanas a ella. “En mi casa han intentado ingresar por la puerta del segundo piso. Recibo llamadas telefónicas que no contesto. Gente muy cercana a mí habla de amenazas con balazos, indicando que no se pueden oponer a las autoridades”, denunció.
Orué cuestionó además la efectividad de la protección brindada por el Estado, afirmando que solo dispone de un agente que no la acompaña en todo momento. “No es suficiente. No es solo domiciliaria, sino que debe acompañarme en el transcurso de mis funciones. Prácticamente, de madrugada ya no tengo seguridad”, lamentó.
Inseguridad y extorsión en aumento
Las declaraciones de Orué coinciden con el paro de transportistas urbanos que denuncian la creciente ola de extorsión en el país, situación que también afecta a comerciantes y bodegueros. Según la Asociación Nacional de Bodegueros, alrededor de 3,000 comercios han cerrado en Lima debido a las extorsiones surgidas tras la pandemia. En los últimos meses, varios incidentes violentos han incrementado la preocupación por la seguridad, incluyendo el asesinato de cuatro personas en un pequeño bus en Callao el lunes por la noche.
Ante estas circunstancias, los transportistas y comerciantes han exigido la derogación de una ley sobre crimen organizado, que según especialistas dificulta su combate, y han rechazado una propuesta gubernamental que clasifica delitos como la extorsión y el sicariato como «terrorismo urbano».
Boluarte y la lucha contra el «nuevo terrorismo»
La presidenta Dina Boluarte ha calificado la inseguridad ciudadana como una forma de “terrorismo” y ha reiterado que la criminalidad tiene raíces en bandas internacionales, responsabilizando en parte a migrantes, aunque sus declaraciones no coinciden con los datos oficiales. En un discurso reciente por el aniversario del Combate de Angamos, Boluarte afirmó que el país enfrenta un “nuevo terrorismo criminal” que utiliza la extorsión y el asesinato para sembrar miedo en la sociedad. “Es una amenaza a nuestra patria la presencia de bandas criminales internacionales que, actuando solas o unidas a criminales peruanos, buscan echar raíces en nuestra patria”, señaló.
