El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el 13 de agosto un proyecto de ley que busca prohibir que los directivos y fundadores de los partidos políticos tengan condenas por delitos graves, como terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. La propuesta también establece que los directivos de los partidos continúen presentando una declaración jurada en la que se comprometen con la democracia, el respeto al Estado de derecho y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
El proyecto de ley incluye una medida que permitiría suspender la participación de un partido político en un proceso electoral si se descubre que uno de sus fundadores o directivos tiene una condena por alguno de los delitos mencionados y no ha sido removido de su cargo. Según el JNE, fundar y dirigir una organización política no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a limitaciones que sean legales y proporcionales en una sociedad democrática.
Esta propuesta se contrapone a un proyecto de ley presentado a inicios de agosto por el congresista Luis Cordero Jon Tay, de Somos Perú, que busca permitir que personas con condenas por corrupción puedan postular a la presidencia o vicepresidencia, argumentando la resocialización de los condenados. La iniciativa de Cordero ha sido respaldada por otros miembros de su bancada, generando controversia en el ámbito político.
