La justicia ha dado un paso significativo en Huánuco al dictar nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Villarán Falcón, de 35 años, por su presunta implicación en actividades terroristas relacionadas con la organización Sendero Luminoso. La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos de Huánuco ha tomado la delantera en este caso, subrayando la gravedad de los delitos que se le imputan a Villarán Falcón.
Villarán, oriundo del distrito de Santa María del Valle, es acusado de haber sido parte del “Ejército Guerrillero Popular” de Sendero Luminoso, donde, bajo el mando del conocido líder terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Artemio”, habría participado en el aniquilamiento selectivo de autoridades, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), fiscales y trabajadores del proyecto CORAH, además de civiles, entre 2006 y 2008.
Uno de los hechos más atroces atribuidos a Villarán Falcón incluye su participación en la emboscada terrorista en Churuyacu, Alto Huamuco, que resultó en varios heridos y la muerte de un trabajador del CORAH. Este ataque, llevado a cabo bajo las órdenes de Juan Laguna Domínguez o camarada “Piero”, marcó uno de los episodios más sangrientos de la lucha contra la erradicación de cultivos ilegales de coca.
Además, el acusado enfrenta graves acusaciones por el asesinato de tres policías de la DIROES y un fiscal en 2007, tras una emboscada en la vía Fernando Belaúnde Terry, demostrando la letalidad y crueldad de las acciones terroristas en las que participó.
El caso también revela el trágico aniquilamiento de una familia en Moena, acusada falsamente de informar a la PNP. Este acto brutal, que incluyó el asesinato de menores, es una muestra desgarradora del terror que Sendero Luminoso buscaba sembrar entre la población civil.
La captura y el juicio de Villarán Falcón representan un avance crítico en la lucha contra el terrorismo y la impunidad en Perú. La determinación de la Fiscalía de Huánuco de llevar este caso a la justicia subraya el compromiso inquebrantable del país con la paz, la seguridad y el estado de derecho.
