Alerta en la Amazonía Peruana: Reforma legal podría desatar deforestación y crisis indígena
La reciente modificación de la Ley Forestal en Perú ha generado una ola de preocupación entre los pueblos indígenas, ambientalistas y la comunidad internacional. Según la ONU, esta reforma legal podría incentivar la deforestación y poner en peligro a comunidades indígenas, especialmente aquellas en aislamiento voluntario.
Teresita Antazú, perteneciente a la etnia yanesha, expresa su inquietud al señalar que el bosque representa su mercado y farmacia. La deforestación en Perú ha alcanzado cifras alarmantes, con 144 683 hectáreas afectadas solo en 2022, y cerca de 2.4 millones de hectáreas perdidas entre 2021 y 2020, según datos del Ministerio del Ambiente (Minam).
La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep) y otros grupos no parecen ser escuchados en Lima, donde el Congreso modificó la Ley Forestal 29763 en diciembre pasado. Esta ley, vigente desde 2015, fue alterada tras cuatro años de consultas con diversas organizaciones, incluyendo las indígenas. A pesar de la aprobación legislativa, el Ejecutivo aún no ha confirmado si la reforma se alinea con la Constitución.
La modificación transfiere la facultad de decidir qué bosques son de “producción permanente” del Minam al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), lo que ha suscitado críticas por parte de expertos como José Luis Capella de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Una disposición particularmente preocupante es la que permite a los predios privados con ‘constancia de posesión’ ser considerados “áreas de exclusión para fines agropecuarios”, lo que podría fomentar la impunidad y la deforestación.
El Gobierno peruano ha mantenido un silencio notable sobre la reforma, incluso después de que la fiscal ambiental, Flor de María Vega, y el director del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Luis Alberto Gonzales, expresaran su oposición. La presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado públicamente, y recientemente reemplazó a la ministra de Ambiente, Albina Ruiz, por Juan Carlos Castro, quien apoya la nueva norma.
Mientras algunos defienden la reforma como una solución a la pobreza rural, otros, como Julia Urrunaga de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), cuestionan la falta de incentivos reales para los productores en la nueva ley. Julio Cusurichi de Aidesep advierte que la norma podría incentivar incursiones ilegales en territorios indígenas sin consecuencias legales y denuncia la ausencia de consulta previa con los pueblos originarios.
Dato:
La reforma también podría tener implicaciones internacionales, afectando acuerdos como el de París y tratados comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, que exigen cero deforestación en productos agrícolas importados.
