En un fallo que resuena en la provincia de Huamalíes, los jueces de la Sala Mixta de Leoncio Prado han dictado una condena de 17 años de cárcel a Ernesto Leo Rosales por delitos de violación sexual y actos contra el pudor en agravio de su prima, una adolescente de 15 años, en el caserío de Pista Loli.
La sentencia, que ha causado un impacto en la comunidad, se basa en hechos ocurridos en agosto de 2016 y 2017, cuando la víctima, entonces menor de edad, fue abusada sexualmente por Rosales, quien aprovechó la ausencia de otros familiares para cometer los ultrajes. La acusación fiscal detalla que el agresor utilizó su relación de parentesco para ganarse la confianza y acceder a la vivienda, donde perpetró los ataques.
La víctima, cuyo valor y determinación han sido cruciales en este proceso, relató en cámara Gesell cómo su primo ingresó a su habitación y la violentó, amenazándola posteriormente para asegurar su silencio. Sin embargo, tras un segundo incidente en 2017, decidió romper el silencio y confiar en la psicóloga de su colegio, quien ayudó a llevar el caso ante las autoridades.
Durante el juicio, Ernesto Leo Rosales negó las acusaciones, pero los magistrados, tras evaluar las pruebas presentadas, encontraron elementos de convicción suficientes para sentenciarlo a 12 años por violación y 5 años adicionales por actos contra el pudor, en concurso real de delitos. Además, se ha ordenado una reparación civil de 20 mil soles en favor de la víctima.
Este caso subraya la importancia de denunciar la violencia sexual y apoya la lucha contra la impunidad en delitos de género. La sociedad está llamada a actuar y a no permanecer indiferente ante tales actos, promoviendo un entorno seguro para todas las mujeres y niñas. La denuncia es un paso crucial para que los perpetradores sean llevados ante la justicia y se haga valer el derecho de las víctimas a la reparación y la protección.
La condena de Rosales no solo representa un acto de justicia para la víctima, sino que también envía un mensaje contundente sobre las consecuencias legales de estos delitos y la necesidad de un compromiso colectivo para erradicar la violencia de género. La comunidad debe mantenerse vigilante y solidaria, reafirmando el llamado a la acción: “Denuncia, no te calles”.
