La reciente denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Anticorrupción contra seis altos funcionarios del Hospital Regional Hermilio Valdizán por malversación de fondos públicos resalta una compleja situación. A pesar de la noble labor desempeñada por 176 trabajadores durante la pandemia de COVID-19, su continuidad laboral más allá de los contratos pactados sugiere una gestión administrativa deficiente y potencialmente ilegal. Este acto de preservar empleos, aunque humanamente comprensible, contraviene las regulaciones legales y fiscales, generando un dilema moral y legal.
El personal contratado por el D.U. 062-2021 fue esencial para enfrentar el embate de la pandemia. Forjaron lazos de solidaridad con el nosocomio que explican la continuidad informal de sus labores. Los directivos, por empatía, los mantuvieron en planilla indebidamente.
Ambas partes buscaron responder al drama colectivo de la mejor manera posible. Los errores administrativos no deben empañar ese espíritu. La fiscalía debe considerar factores atenuantes y promover una salida alternativa al proceso judicial.
Sin embargo, la solidaridad y el cariño hacia el personal no pueden justificar la transgresión de las normativas de contratación y la utilización indebida de fondos públicos. Mientras estos trabajadores sirvieron valientemente a la comunidad, la responsabilidad de los funcionarios era garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de recursos. El caso, ahora en manos del Ministerio Público, exige un análisis minucioso para discernir entre la negligencia administrativa y la posible corrupción.
Para abordar este tipo de situaciones, las instituciones deben fortalecer sus mecanismos de control interno y promover una cultura de responsabilidad y cumplimiento de la ley. La formación en ética administrativa y la vigilancia continua son esenciales para prevenir irregularidades. Además, es vital que el sistema judicial actúe con imparcialidad y eficacia, sancionando cualquier acto ilegal y recuperando los fondos malversados, si es posible.
Lo crucial ahora es implementar mecanismos que garanticen una gestión hospitalaria más eficiente, transparente y humana. Los trabajadores de salud necesitan estabilidad, reconocimiento y condiciones dignas. La pandemia evidenció falencias estructurales que urge corregir.
