Los congresistas Raúl Doroteo, Javier Padilla y Silvana Robles habrían solicitado reembolsos de combustible para actividades que, presuntamente, no cumplían con la representación oficial
La Procuraduría General del Estado, liderada por Daniel Soria, ha solicitado a la Fiscal de la Nación una investigación preliminar contra los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Javier Padilla Romero y Silvana Robles Araujo. Esta solicitud se basa en la presunta comisión del delito de peculado doloso, relacionado con reembolsos de combustible para actividades que, presuntamente, no cumplían con la representación oficial.
La denuncia se presentó a raíz de un reportaje del programa Punto Final, que reveló que los tres congresistas habían solicitado reembolsos por combustible en días en los que no realizaban funciones parlamentarias. Según el reportaje, los congresistas tienen asignados 48 pasajes de avión al año a cualquier lugar del país, pero si no los usan, pueden pedir que se les reembolse el combustible que utilizaron para movilizarse a regiones por el valor equivalente. Ese reembolso se rinde con comprobantes de pago.
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En el caso de Raúl Doroteo, se informó que en junio de 2022 solicitó el reembolso de sus gastos por combustible para movilizarse a Ica entre el 6 y 8 de mayo de ese año, un fin de semana que coincidía con el Día de la Madre. Javier Padilla, por su parte, solicitó un reembolso por la compra de combustible para un viaje de Lima a Huacho el 9 de mayo, día que coincidía con el cumpleaños de su hijo. Silvana Robles, exministra de Cultura, pidió reembolsos en fechas como el 28 de julio de 2022, a pesar de que estuvo en el hemiciclo ese día desde la mañana.
Tras la emisión del reportaje, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Oficialía Mayor del Congreso información referida a los hechos denunciados. Luego de recibir la respuesta y la documentación relacionada, la defensa del Estado cruzó las fechas de los pedidos de reembolsos con las actividades parlamentarias y procedió a presentar su denuncia.
Ahora, corresponde al despacho de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidir si abre una investigación preliminar contra los tres congresistas investigados.
