Autoridades y pobladores de Puerto Inca acusan a la alcaldesa Daysi Heidinger de usar recursos del Municipio Provincial para realizar la campaña proanexión a Ucayali. Los portoinquinos llegaron al Gobierno Regional preocupados por la campaña proanexión que encabeza la burgomaestre lo que ha generado conflictos entre los pobladores.
Junto con el alcalde de Honoria, José del Águila Grandes, los portoinquinos se reunieron con la vicegobernadora Rosalía Storck, el gerente general Gustavo Alvarado y otros funcionarios.
El dirigente del caserío Dos Unidos, Julio César Cañote Barboza, denunció que Heidinger permite el uso de la camioneta de la Municipalidad de Puerto Inca para promover la adhesión a Ucayali.
Josué Tapia Aliaga, autoridad en Tournavista, denunció que hay corrupción en la gestión de Heidinger y en la Municipalidad de Tournavista. Pidió que se haga una auditoría. “En Tournavista no hay obras; solo fiestas grandes para adormecer a la gente”, dijo. Acusó a Heidinger de usar el dinero del municipio para engañar a la gente con la anexión a Ucayali.
Carlos Sifuentes, asesor del Frente de Defensa de Puerto Súngaro, mostró propaganda a favor de la anexión que se distribuye en trípticos que se habrían elaborado con recursos de la Municipalidad Provincial.
Alejandro Alminco señaló que la alcaldesa quiere tapar la corrupción de su gestión con la anexión. Reveló que sus regidores se encargan de colocar en los pueblos gigantografías proanexión que se elaboraron con dinero del municipio. Afirmó que los pobladores de Tambolargo vieron al regidor Bartolomé Lino Vargas instalando las gigantografías. “Están usando nombres de caseríos para apoyar la anexión, cuando esos pueblos no apoyan”, señaló.
Indicó que uno de los promotores de la anexión es René Oliveira Sharihua que usa la camioneta de la Municipalidad para hacer propaganda proanexión. Alminco afirmó que Oliveira maneja la UGEL Puerto Inca. Como se recuerda, Heidinger inició la campaña proanexión cuando Educación no designó a su recomendada en la dirección de la UGEL.
Anexión imposible
La vicegobernadora les aclaró que no existe marco legal que permita a Puerto Inca anexarse a otro departamento, como pretende Heidinger. Dijo que el Gorehco está dispuesto a mantener el diálogo con la alcaldesa para atender las necesidades de Puerto Inca y dejar la confrontación. Storck dijo que la exgestión no les dejó proyectos grandes para esa provincia. “Entiendo las necesidades de la población, pero necesitamos gestionar juntos la atención del Gobierno”, señaló.
Recordó que Huánuco y Ucayali integran la mancomunidad Paca para hacer proyectos grandes con regiones vecinas. “Esa es la forma de integrar los pueblos y no retaceando territorio”, expresó.
Lamentó que la campaña iniciada por Heidinger ha dividido y enfrentado a los puertoinquinos. “No nos preocupa la anexión porque no se va a dar, sino la división que está causando enfrentamientos, peleas y amenazas entre pobladores”, indicó.
Storck ofreció hacer una campaña para informar a los puertoinquinos que legalmente no procede la anexión y evitar más conflictos.
4 caseríos
Pobladores de Honoria mostraron su preocupación porque no se cierran los límites con Ucayali. Honoria tiene problemas territoriales con Campo Verde (Ucayali) que, para su creación como distrito, anexó irregularmente 4 caseríos de Honoria. Los dirigentes reclamaron que el alcalde de Campo Verde designó a su agente municipal en territorio huanuqueño.
La vicegobernadora les explicó que legalmente los 4 caseríos estaban anexados a Campo Verde y que una comisión estaba trabajando para recuperar ese territorio en consulta popular.
Storck les explicó que para cerrar los límites con Ucayali solo falta que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM emita la resolución para comenzar a poner los hitos. Añadió que iniciarán gestiones con el nuevo director de la DNDT para cerrar definitivamente los límites.
Los habitantes de Nueva Esperanza, Tierra Roja y los demás caseríos en disputa exigen conocer los límites antes de que PCM saque la resolución. Puerto Inca también exigió a Agricultura anular la titulación de terrenos que benefician a empresarios en perjuicio de los pobladores.
