Según la Defensoría del Pueblo, la violenta represión por parte de militares y policías a los manifestantes dejó un saldo de 25 fallecidos. En ese sentido, la presidenta Dina Boluarte dijo que las investigaciones de estas muertes se realizarán en el “fuero militar”.
“La Fiscalía ya ha intervenido, están haciendo las investigaciones pertinentes. Antes de venir a tu programa, me he reunido con el jefe del Comando Conjunto para que las muertes en las protestas se puedan investigar en el fuero militar. Ninguna muerte es aceptada, y me duele”, dijo a un dominical capitalino.
Boluarte también defendió la forma de proceder de las fuerzas del orden durante las protestas. En esa línea, aseguró que su Gobierno no iba a “tranzar” con violentistas que lo único que querían es su renuncia.
Ronald Atencio y Raúl Noblecilla dejan la defensa legal de Pedro Castillo
“Mi renuncia sería darles la razón a los violentistas. Las demandas de los que protestan no son sociales, sino políticas”, anotó.
Cuestionan afirmación
Luego de que la presidenta dijera que las muertes de manifestantes durante las protestas se iban a investigar en el fuero militar, diversos especialistas en derecho salieron a esclarecer el panorama.
Uno de ellos fue el abogado Carlos Rivera. El letrado sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que las violaciones de derechos humanos son competencia exclusiva de la justicia común.
La jurista Úrsula Indacochea dijo que la presidenta olvida que la Corte IDH ha establecido que las graves violaciones de derechos humanos son competencia del fuero común.
“Al llevarlas al fuero militar, Perú violaría derecho al juez competente. Lo contrario generará responsabilidad internacional”, agregó.
