y uno de ellos permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Zona minera de Ticlacayán queda destruida tras ataque: Un trabajador muerto y policías graves

La situación en la zona de Ñausacocha, jurisdicción del distrito de Ticlacayán, región Pasco, continúa siendo crítica tras el ataque armado perpetrado durante el fin de semana contra la empresa minera Raíces de Ñausacocha.
A las ocho de la mañana del lunes 3 de noviembre, fuentes de la defensa legal de la compañía informaron al Diario Ahora que la empresa fue completamente incendiada y dinamitada, y que el escenario “es desolador”.
Los treinta atacantes armados que irrumpieron el sábado siguen sin ser ubicados por las autoridades. Los tres policías que resultaron gravemente heridos ya fueron operados en el hospital de Essalud de Huánuco, y uno de ellos permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
De acuerdo con la abogada de la empresa, quien pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, un trabajador minero habría fallecido, aunque hasta el momento no se cuenta con confirmación oficial del Ministerio Público.
La fuente indicó además que los teléfonos móviles de todos los presentes, incluidos los primeros policías que llegaron desde la comisaría de San Rafael, fueron destruidos durante el ataque. Personal de la PNP y la Fiscalía aún realiza diligencias en la zona.

Conflicto minero y ataque con explosivos

Según el testimonio de la representante legal, el ataque fue ejecutado por alrededor de treinta personas armadas con fusiles y explosivos, quienes irrumpieron en el campamento minero el sábado 2 de noviembre a primera hora.
La concesión Raíces de Ñausacocha cuenta con autorización formal de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Pasco. La abogada sostuvo que el ataque estaría vinculado a un conflicto territorial por superposición de concesiones.
En su declaración, la defensora responsabilizó de los hechos a una persona identificada como Clara Katherine Fernández, a quien atribuye la dirección del grupo agresor. Según su versión, Fernández sería titular de la concesión “Pachitea”, colindante con la zona de Raíces de Ñausacocha, pero sin autorización formal para iniciar actividades extractivas.
La abogada afirmó que esta persona habría intentado ingresar en dos ocasiones previas con grupos armados, con el objetivo de tomar posesión del mineral. El Diario Ahora aclara que esta imputación proviene exclusivamente de la abogada entrevistada y que, hasta el cierre de esta edición, no existe una versión pública ni descargo de la persona mencionada.

Balance de daños y respuesta policial

Durante el enfrentamiento inicial, seis policías de la comisaría de San Rafael fueron trasladados en camionetas particulares hasta el lugar, debido a la falta de vehículos oficiales. Al llegar, fueron emboscados con disparos de largo alcance.
Tres de los agentes resultaron gravemente heridos y fueron evacuados a Guariaca, desde donde fueron referidos al hospital de Huánuco. “Los tres fueron operados; uno de ellos continúa en UCI con diagnóstico reservado”, señaló la abogada.
Los otros cuatro efectivos policiales permanecieron incomunicados durante más de 24 horas, sin que se tuviera certeza de su estado. Recién el domingo en la noche, unidades de la Dirandro procedentes de Tingo María y Huánuco llegaron al lugar para iniciar el rescate y asegurar el área.
El ingeniero Michel Amaro Peña, trabajador de la empresa que había sido filmado mientras era reducido por los atacantes, logró escapar con vida y brindar testimonio a las autoridades. Según la defensa, los agresores destruyeron maquinaria, vehículos, documentos y las instalaciones completas de la mina antes de huir por caminos secundarios hacia zonas rurales de San Rafael y Río Blanco.

Autoridades realizan diligencias y búsqueda de atacantes

Al cierre de esta edición, los 30 atacantes permanecen no identificados ni capturados, mientras personal de la Policía Nacional del Perú, la Dirandro y la Fiscalía de Huánuco continúan con las diligencias en el lugar del atentado.
Las operaciones policiales se mantienen bajo estricta reserva. La empresa denunció los delitos de tentativa de homicidio, secuestro, daño agravado y robo agravado de mineral. La abogada pidió al Gobierno disponer un sobrevuelo del Ejército para ubicar a los responsables y evitar que abandonen la región.
El escenario en la zona, según la descripción brindada por la defensa, “es de total devastación”, con estructuras colapsadas, maquinaria calcinada y restos de explosivos en el terreno.
Hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni la Dirección Regional de Energía y Minas de Pasco han emitido comunicados oficiales sobre el hecho. Se espera que las investigaciones determinen las causas y responsabilidades del ataque, considerado por las autoridades como uno de los más graves registrados en la región en los últimos años.