Una denuncia por presunta irregularidad en la ejecución de una obra comunal ha generado controversia en la provincia de Yarowilca. De acuerdo con declaraciones de Rómulo Gómez Valdivia, presidente de los residentes del centro poblado Llicllatambo, la construcción de un local comunal en San Agustín de Chuntarara habría sido ejecutada sin contar con expediente técnico, estudio de suelos, contrato formal ni autorización de la comunidad campesina, lo que —según afirmó— vulneraría la normativa vigente para obras públicas.
El dirigente manifestó que el monto destinado para dicha obra asciende a aproximadamente S/ 200,000, cifra que, según indicó, representa prácticamente la totalidad del presupuesto disponible para la comunidad en ese periodo. Gómez declaró que la decisión de ejecutar el proyecto fue adoptada de manera unilateral por el entonces presidente comunal, sin consulta ni acuerdo con la asamblea general.
“El expresidente hizo la obra por su cuenta, sin documentos ni aprobación. No hay boletas, ni expediente, ni nada. Lo hizo sin que la comunidad lo autorice”, afirmó Gómez en entrevista con medios locales.
Obra no tendría sustento legal ni administrativo
Según indicó el denunciante, la rendición de cuentas entregada por el responsable del proyecto se habría presentado en hojas de cuaderno, proformas sin valor legal y documentos sueltos, sin respaldo tributario ni boletas electrónicas. Gómez mostró estos documentos a la prensa como parte del sustento de su acusación.
“No hay facturas. Hoy en día, hasta por un kilo de clavo te dan boleta electrónica. ¿Cómo se va a rendir cuentas de doscientos mil soles con hojas de cuaderno?”, cuestionó el dirigente.
Ante esta situación, Rómulo Gómez informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal de Yarowilca, en la que solicitó se investiguen los hechos. Dicha investigación, según su testimonio, fue asignada al fiscal Fredy Salinas Yaury, quien, de acuerdo con el denunciante, archivó el caso sin realizar diligencias sustantivas.
Gómez aseguró que, tras la decisión del fiscal provincial, presentó una apelación ante la Fiscalía Superior, pero que el resultado fue similar. “El fiscal Rodolfo Valdivia Villarriaga también lo archivó. Parece que hay una red de protección”, expresó, sin mostrar documentos oficiales que sustenten esta afirmación.
Presunto encubrimiento
El denunciante fue más allá al acusar abiertamente a los fiscales mencionados de supuesta complicidad. En sus declaraciones, sostuvo que el archivo del caso sería parte de un “pacto de impunidad” para proteger al expresidente comunal, a quien no identificó públicamente durante la entrevista.
“Creo que están confabulados. Estos fiscales no representan a la comunidad. No investigaron nada a pesar de que les di las pruebas”, afirmó. Gómez también expresó que los fiscales deberían dejar sus cargos en la provincia por “no defender los intereses del pueblo”.
Piden intervención de instancias superiores
El denunciante instó a que autoridades superiores del sistema de justicia revisen el caso y actúen en consecuencia. “Este no es un tema solo de papeles. Es el dinero del pueblo. Si no se hace justicia ahora, más obras así se van a hacer en silencio”, expresó.
Gómez sostuvo que en zonas rurales como Llicllatambo, muchas veces no se ejerce control sobre el uso del presupuesto comunal, y que las comunidades están expuestas a decisiones arbitrarias por parte de dirigentes que actúan —según afirmó— sin fiscalización adecuada.
