El congresista Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, presentó un proyecto de ley que busca privatizar parcialmente los establecimientos penitenciarios en Perú mediante alianzas público-privadas. La iniciativa pretende solucionar la crisis de hacinamiento que afecta al sistema penitenciario, donde los 69 penales existentes, diseñados para 41,556 internos, actualmente albergan a 98,127 personas, según el INPE.
El proyecto establece que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y el INPE deberán evaluar técnicamente qué penales priorizar para la privatización, basándose en el nivel crítico de hacinamiento y costos operativos. Aunque la gestión será delegada al sector privado, la seguridad interna y externa seguirá siendo responsabilidad exclusiva del Estado.
Entre las propuestas, se incluyen programas obligatorios de resocialización para los internos, con actividades formativas y productivas cuyos ingresos cubrirán necesidades básicas. El modelo privatizado también asegura que el presupuesto estatal para los penales se mantendrá bajo un esquema contractual regulado.
La propuesta ha generado debate. Si bien se espera que la medida optimice recursos, mejore las condiciones de vida y reduzca la reincidencia delictiva, críticos advierten sobre los riesgos de priorizar intereses económicos sobre los derechos fundamentales de los reclusos, según informes de la UNESCO.
