Volcadura de cisterna deja al descubierto serias irregularidades

La volcadura del vehículo cisterna que transportaba 500 galones de combustible que contaminó el pequeño río Tingo, uno de los afluentes del río Higueras, ha permitido evidenciar que diversas entidades del Estado peruano no han cumplido con sus funciones para cautelar la seguridad y salud de las personas, afirmó el fiscal César Gonzales Ramos, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Adelantó que ha iniciado una investigación preparatoria que en el plazo de 60 días debe tener conclusiones concretas, pero dejó en claro que las diligencias preliminares permiten identificar algunos hechos que evidencian incumplimiento de funciones de las siguientes instituciones:

Osinergmin

Respecto a la labor cumplida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), identificó dos responsabilidades:

1° Autorizar al vehículo cisterna del Grifo Raulito para transportar combustibles. En el lugar del accidente, se constató que el vehículo cisterna presentaba fisuras y agrietamientos en las soldaduras, clara evidencia que incumplía las normas emitidas.

2° Permitir que durante más de un año se entregue de manera informal los combustibles, de forma itinerante, a la maquinaria del Consorcio China Railway. No se respetó la exigencia de entregar desde un vehículo cisterna que tome el producto desde la planta distribuidora en Lima, directamente hasta el depósito de la empresa que ejecuta la obra, sin un grifo en el intermedio. Todo ello debería ser autorizado y verificado por Osinergmin. 

Al respecto, se debe recordar que la obra comenzó a inicios de 2019, por lo cual Osinergmin debe demostrar con documentos que cumplió con el monitoreo como le corresponde. 

PNP

En relación a la Policía Nacional, identificó dos hechos:

1° Negligencia del personal que verificó a las 8:00 de la noche del viernes 7 de febrero la ocurrencia del accidente del cisterna del cual se evidenció el derrame de combustible a un afluente del río Higueras y no reportar de inmediato a las autoridades, lo que trajo consigo la contaminación del agua potable de Huánuco poniendo en riesgo a la población.

2° La conducta reprochable del personal de una unidad policial y su jefe que pusieron trabas en el lugar de los hechos para realizar el peritaje técnico sobre algunos detalles del vehículo cisterna que debieron realizar al instante, al ser solicitados por el fiscal titular del FEMA.

La respuesta del efectivo y el oficial policial al que se planteó la queja, fue que se debe pagar una tasa al Banco de la Nación. Esto termina beneficiando al infractor, por cuanto no se cumplió el peritaje cuando el vehículo se encontraba en el lecho del río, y no ahora que ya fue remolcado.

SEDA

En el caso de SEDA Huánuco expresó preocupación por no contar con sistemas de detección de sustancias extrañas que pueden resultar dañinas a la salud, como también que el laboratorio recién puede dar resultados de los análisis del agua en tres días, cuando esto debería ser en minutos para tomar las medidas de inmediato.