La situación legal de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia desde hace más de un año, toma un nuevo giro con su reciente solicitud de reincorporación como docente en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Esta petición se produce a pesar de los impedimentos legales que aún pesan sobre él para ejercer cargos públicos, generando interrogantes sobre la viabilidad de su retorno al ámbito académico.
Según la investigación publicada por El Comercio, la solicitud de Cerrón ha sido recibida por la UNCP, pero se encuentra en la etapa de asesoría legal, sin que se le haya dado trámite inmediato debido a la existencia de otras solicitudes previas. La universidad ha manifestado cautela, señalando que no emitirá opinión hasta que se inicie formalmente la evaluación del requerimiento presentado por el exgobernador regional de Junín.
La defensa de Cerrón se ha mantenido hermética ante las consultas de la prensa. El argumento principal del fundador de Perú Libre para solicitar su reincorporación radica en que fue destituido de su cargo en 2019 a raíz de una sentencia suspendida de cuatro años por el Caso La Oroya, la cual fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional (TC). Además de este fallo, el TC y la Corte Suprema también anularon la condena efectiva de tres años y seis meses que se le impuso en el Caso Aeródromo Wanka por el delito de colusión. A esto se suma la reciente decisión del Poder Judicial de imponerle “comparecencia simple” en el Caso Antalsis.
No obstante, es crucial recordar que sobre Cerrón pesa una orden de prisión preventiva de 24 meses confirmada por la Sala de Apelaciones Nacional, en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos en el Caso Aportes a Perú Libre, lo que lo mantiene en la clandestinidad. Este aspecto legal es fundamental al analizar la factibilidad de su reincorporación.
Además de la orden de captura, Cerrón figura en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de Servir, con una sanción vigente que le impide de manera “permanente” prestar servicios al Estado. Esta sanción deriva de un proceso administrativo en su contra por faltas graves en su desempeño como extrabajador de Essalud, específicamente por no haberse presentado a trabajar tras exceder una licencia sin goce de haber. Esta inhabilitación representa un obstáculo adicional para su retorno a la docencia universitaria.
Especialistas en derecho penal han analizado la situación. Andy Carrión señala que, si bien la anulación de las sentencias penales elimina el impedimento legal inicial para ejercer cargos públicos, el impedimento permanente de Servir podría ser un factor determinante. Carlos Caro, por su parte, destaca que la existencia de una orden de prisión preventiva vigente imposibilita su reincorporación, ya que el Estado no podría sostener una situación contradictoria entre la orden judicial y su actividad docente. La incertidumbre sobre el futuro profesional de Vladimir Cerrón persiste mientras la UNCP evalúa su solicitud y la justicia continúa su curso.
