La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros María Antonieta Alva (Economía) y Víctor Zamora (Salud). Todos son señalados como presuntos autores del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se remontan al 18 de marzo de 2020, cuando se habría llevado a cabo una reunión en la sede del Ministerio de Economía, en plena emergencia sanitaria por la COVID-19. En dicha cita, altos funcionarios del Ejecutivo habrían concertado con representantes de las empresas Nipro Comercial Corporation y Multimedical Supplies SAC la compra de pruebas rápidas para el diagnóstico del virus.
La denuncia sostiene que Vizcarra y Alva, en el ejercicio de sus funciones, favorecieron a estas empresas mediante la emisión de normas sanitarias que permitieron la comercialización de dichos productos, creando condiciones que direccionaron el proceso de contratación a su favor.
Inicialmente, en mayo de 2023, el fiscal interino Juan Carlos Villena había decidido no formular denuncia. Sin embargo, tras una solicitud de reexamen presentada por la denunciante Katherine Meza y respaldada por la Procuraduría General del Estado, se reabrió la investigación.
Por otro lado, el Ministerio Público archivó la denuncia por presunta omisión de funciones relacionada con una supuesta demora en la adquisición de vacunas durante el 2020. Esta decisión beneficia a Vizcarra, Alva, la exministra Pilar Mazzetti y el excanciller Gustavo Meza-Cuadra, señalando que no se hallaron elementos suficientes para sostener una acusación constitucional por este hecho.
