El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, compareció recientemente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para defenderse de la denuncia en su contra por la disolución del Parlamento en septiembre de 2019. Durante su intervención, Vizcarra argumentó que su decisión fue legítima y legal, basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que respaldó la disolución del Congreso como una medida amparada por la Constitución. En su discurso, el exmandatario respondió con firmeza a las acusaciones de excongresistas de Fuerza Popular, quienes lo señalaron de haber ejecutado un golpe de Estado. Vizcarra se defendió recordando el golpe de 1992 de Alberto Fujimori, un episodio que él contrastó con su propio acto, que, según defendió, fue una disolución constitucional.
El contexto de esta sesión estuvo marcado por la presencia de figuras emblemáticas del Congreso disuelto en 2019, como Carlos Tubino, Segundo Tapia, César Segura y Juan Carlos Gonzáles, quienes se encontraban entre los promotores de la denuncia. Estos exlegisladores, junto con congresistas actuales como Héctor Ventura y Martha Moyano, sostuvieron que Vizcarra violó la Constitución y que su acción fue el detonante de la inestabilidad política que ha marcado la vida pública de Perú en los últimos años. A lo largo de la sesión, Vizcarra y sus críticos intercambiaron duras acusaciones, mostrando que el desacuerdo sobre la disolución del Congreso sigue generando fuertes divisiones en la clase política peruana.
La defensa de Vizcarra: entre el derecho y la responsabilidad
Ante los señalamientos, Vizcarra insistió en que su decisión de cerrar el Congreso estuvo fundamentada en la necesidad de salvaguardar la democracia y evitar una confrontación institucional con un Congreso que, a su juicio, bloqueaba el progreso del país. Defendió que la medida no solo fue constitucional, sino también aprobada en su momento por el Tribunal Constitucional. “Yo tomo la responsabilidad de lo que he hecho en mi gobierno”, aseguró el expresidente, dejando claro que no busca deslindarse de las consecuencias de sus actos.
Sin embargo, la intervención de Vizcarra no solo fue una defensa técnica, sino también un ataque hacia sus acusadores. Según el exmandatario, muchos de los parlamentarios actuales y excongresistas han llevado este asunto al terreno personal, motivados, en sus palabras, por el resentimiento de haber perdido sus cargos. “La queja es que se quedaron sin chamba, cuando uno tiene que pensar en el país”, afirmó, señalando que sus críticos actuaban por razones egoístas y no por principios constitucionales o democráticos.
La acusación de “golpista” y el paralelismo con el 5 de abril de 1992
Uno de los momentos más tensos de la sesión ocurrió cuando el excongresista Segundo Tapia acusó a Vizcarra de haber dado un “golpe de Estado” con su decisión de disolver el Congreso en 2019. Ante esta acusación, Vizcarra respondió haciendo una comparación con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, ejecutado por el entonces presidente Alberto Fujimori. “Golpe de Estado fue el que se realizó el 5 de abril de 1992”, replicó Vizcarra, aludiendo a la intervención militar, la censura a la prensa y el encarcelamiento de opositores que caracterizaron ese evento, y destacando que su decisión, en cambio, fue una medida avalada por la ley.
Vizcarra subrayó que su disolución del Congreso no fue comparable a un golpe de Estado en la medida en que no implicó la suspensión de derechos civiles ni el control de instituciones como el Poder Judicial o el Ministerio Público. Además, recordó que apenas cuatro meses después de la disolución, se llevaron a cabo elecciones legislativas, lo que, a su entender, demuestra su respeto por el sistema democrático. Esta defensa busca legitimar su acto como una medida temporal destinada a resolver un estancamiento institucional y no como una maniobra autoritaria.
Los argumentos de Fuerza Popular: el impacto de la disolución en la estabilidad del país
Desde el lado acusador, los exparlamentarios Carlos Tubino y Martha Moyano reafirmaron su postura de que la disolución del Congreso representó un acto inconstitucional que fracturó la estabilidad política del país. Tubino declaró que la acción de Vizcarra fue el inicio de una crisis que ha marcado el escenario político peruano desde entonces. “Lo que hubo acá el 30 de septiembre fue un golpe de Estado que desequilibró al país”, afirmó Tubino, destacando que la medida significó, según él, un desprecio por la voluntad popular que había elegido a los 130 congresistas disueltos.
Moyano, por su parte, acusó a Vizcarra de actuar de manera autoritaria y de intentar evadir responsabilidades al señalar que los detalles de la decisión recaían en el Consejo de Ministros. Según ella, Vizcarra no ha demostrado con claridad el acto específico que justificaría la cuestión de confianza y, por tanto, la disolución. “Nos dejó sin respuestas y sin fundamentos”, aseveró Moyano, en un discurso que buscaba proyectar la imagen de un Vizcarra evasivo y poco transparente.
La cuestión de confianza: el eje del debate constitucional
Uno de los puntos de discusión más relevantes fue el uso de la cuestión de confianza como justificación para la disolución del Congreso. El congresista Héctor Ventura exigió a Vizcarra que presentara el acta del Consejo de Ministros en la que se acordó solicitar la cuestión de confianza que, según el expresidente, originó el proceso de disolución. Vizcarra, sin embargo, sostuvo que su decisión fue en respuesta a la obstrucción constante del Congreso hacia sus políticas y proyectos, en especial aquellos que buscaban implementar reformas políticas y judiciales.
En su defensa, el expresidente apeló a la interpretación que hizo en su momento el Tribunal Constitucional, señalando que su gobierno actuó dentro de los límites de la ley y con base en un contexto de confrontación que hacía insostenible la convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Los detalles pregúntenle a los que forman el Consejo de Ministros”, respondió, delegando la explicación técnica a quienes participaron en las reuniones en las que se discutió la medida.
Vizcarra vs. el Congreso: un conflicto que marca la historia reciente de Perú
El enfrentamiento entre Vizcarra y el Congreso es un reflejo de la profunda fragmentación política que ha caracterizado a Perú en los últimos años. La crisis que se desató en 2019 es, en opinión de algunos analistas, una manifestación de la lucha de poder entre un Ejecutivo que buscaba reformas y un Legislativo dominado por una mayoría opositora. Esta situación ha generado un ciclo de desconfianza e inestabilidad que afecta la legitimidad de las instituciones democráticas del país.
El caso de Vizcarra es significativo, pues plantea preguntas sobre los límites del poder presidencial y las herramientas legales que un mandatario puede utilizar para implementar cambios en un contexto de oposición intensa. Para algunos, su decisión fue un acto de valentía en defensa de la democracia; para otros, una muestra de autoritarismo disfrazado de legalidad.
¿Hacia dónde va el caso Vizcarra?
La denuncia contra Vizcarra, que podría derivar en una nueva inhabilitación para ejercer cargos públicos, es un símbolo de las divisiones que persisten en la política peruana. Este caso, además, se suma a una serie de acusaciones y procesos que ha enfrentado el expresidente desde que dejó el poder. La audiencia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es apenas una de las muchas batallas legales que Vizcarra deberá afrontar en el futuro cercano, en un escenario donde la política y el sistema judicial parecen cada vez más entrelazados.
El desenlace de este proceso no solo definirá el futuro político de Vizcarra, sino también establecerá un precedente en torno a la interpretación de los límites constitucionales del poder en Perú. En ese sentido, la resolución que emita el Congreso en este caso será observada atentamente por analistas y ciudadanos, pues tendrá implicaciones sobre cómo se manejarán futuras crisis entre los poderes del Estado en el país. Informe elabarado bajo la autoría de Mariana Quilca Catacora de Infobae.
