Martín Vizcarra Cornejo, expresidente del Perú y una figura polémica en la política nacional, volvió a estar en el centro del debate al reconocer públicamente que se vacunó contra la COVID-19 de forma clandestina durante su mandato. Este hecho, conocido como el escándalo Vacunagate, desató indignación nacional, pues ocurrió mientras miles de peruanos luchaban por sobrevivir a la pandemia en condiciones precarias. Según el informe de Pamela Arroyo para La República, Vizcarra justificó su acción alegando que fue parte de un “experimento” con la vacuna de Sinopharm, en etapa de desarrollo, y admitió que debió haber informado al público.
El escándalo del ‘Vacunagate’ y su defensa
Durante una entrevista en RPP, Vizcarra reconoció su error y dijo que lamentaba haberse vacunado en secreto. “Sí me arrepiento de haberme puesto un experimento y no haberlo hecho público”, manifestó. No obstante, insistió en que la vacuna de Sinopharm fue aprobada tres meses después de que él la recibiera, justificando que actuó como parte de un estudio clínico en fase experimental.
“Yo he sido parte de un experimento que estaba realizando Sinopharm, y eso debí hacerlo público”, señaló. Esta justificación no ha logrado convencer a sus críticos, quienes lo acusan de aprovechar su posición privilegiada mientras miles de ciudadanos no tenían acceso a la vacuna.
El Congreso de la República inhabilitó políticamente a Vizcarra por diez años tras el escándalo, una decisión que fue ratificada por el Poder Judicial. La inhabilitación impide que el exmandatario ocupe cargos públicos, lo que complica su intención de volver a la presidencia en las elecciones de 2026.
Acusaciones por corrupción y su postura
El escándalo del Vacunagate no es el único problema legal que enfrenta Martín Vizcarra. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con las licitaciones de las obras Loma de Ilo y el Hospital de Moquegua, adjudicadas a la empresa Obrainsa. Según las acusaciones, Vizcarra habría favorecido a esta empresa a cambio de beneficios ilícitos.
A pesar de estos antecedentes, el expresidente afirmó tener “la consciencia completamente limpia” y se mostró confiado en que el Poder Judicial levantará su inhabilitación política para poder postular nuevamente a la presidencia.
Candidatura presidencial para 2026: ¿apoyo popular?
Vizcarra anunció su intención de postular a la presidencia en las elecciones generales de 2026, argumentando que su gobierno representó a la ciudadanía frente a los intereses de los sectores más poderosos del país. Entre sus afirmaciones, destacó enfrentamientos con grupos como el Club de la Construcción y aquellos que se oponían a medidas como la Ley de Alimentación Saludable.
“La misma líder Keiko Fujimori se reunió conmigo y me pidió que no saque la ley de alimentación saludable, ofreciéndome el apoyo de sus 73 congresistas. Le dije que no, y tuve otra enemiga”, declaró Vizcarra, reforzando su narrativa de enfrentarse al poder político y económico en favor del pueblo.
El expresidente expresó confianza en que los ciudadanos lo apoyarán, asegurando que la gente lo reconoce como un líder cercano al pueblo. “Yo creo que sí (la ciudadanía me apoyará). La gente sabe que siempre he estado de su lado”, afirmó.
¿Redención política o estrategia?
La posible candidatura de Martín Vizcarra ha generado opiniones divididas. Mientras sus simpatizantes lo consideran un líder comprometido con las reformas y el bienestar ciudadano, sus detractores lo acusan de hipocresía y corrupción.
El escándalo del Vacunagate y las acusaciones de corrupción ponen en duda su credibilidad como candidato presidencial, aunque su estrategia parece enfocarse en posicionarse como un líder que desafió a los poderes tradicionales en el pasado.
Conclusión: un camino lleno de obstáculos
Martín Vizcarra enfrenta un panorama complejo en su intento por regresar a la política activa. Con una inhabilitación política vigente, acusaciones de corrupción y el peso del Vacunagate sobre sus hombros, su camino hacia las elecciones de 2026 dependerá no solo del respaldo ciudadano, sino también de su capacidad para limpiar su nombre ante el Poder Judicial.
