Un grupo de padres de familia ha tenido que asumir una tarea que no les corresponde por ley: mover expedientes y archivos del Gobierno Regional de Huánuco (GOREHCO) para que sus hijos puedan volver a clases.
Esta situación, que hasta hace semanas parecía improbable, es ahora la cruda realidad de la comunidad educativa de la I.E.P. N.º 32002 Virgen del Carmen, cuyo director, Edgar Salvador Falcón, ha denunciado públicamente el abandono institucional y el incumplimiento de compromisos asumidos por el propio gobierno regional.
Asistidos con un camión y decenas de manos, los padres y alumnos tuvieron que desocupar el local donde estudiarán.
Según indicó el funcionario, el GOREHCO se había comprometido a entregar completamente desalojado el local de la Matusita desde el 1 de octubre, pero ese ofrecimiento no se ha cumplido. “Apenas han enviado cuatro o cinco trabajadores diarios, con lo cual no se avanza. Ante la urgencia, los propios padres —convocados por la APAFA— han tenido que intervenir”, manifestó.
El resultado: más de 600 estudiantes sin clases presenciales, obligados a recibir formación en modalidad virtual por falta de espacio físico. Lo más grave —según lo constatado por el Diario Ahora en el lugar— es que incluso menores de edad han sido vistos ayudando en las labores de desalojo, en condiciones que exigen una pronta intervención de las autoridades competentes.
De acuerdo con el testimonio del director, la institución ya no puede continuar operando en su anterior sede, ubicada en el local del ISTAP, debido a que el convenio de uso culminó el 30 de agosto. Ese recinto, además, será destinado a un proyecto de licenciamiento superior y nuevas obras de inversión, por lo que permanecer allí era inviable.
El nuevo espacio —ubicado en la Matusita— ya fue formalmente entregado mediante contrato con la UGEL Huánuco, pero, según el director, no está habilitado en su totalidad. “No contamos con suficientes aulas. Estamos adaptando ambientes en el tercer y quinto piso, pero aún no están listos. Mientras tanto, los niños están en virtualidad”, explicó Falcón.
En inicial, los estudiantes llevan más de una semana sin clases presenciales; en primaria, desde hace dos días. El docente enfatizó que esta situación afecta gravemente el desarrollo del año académico y la calidad educativa, especialmente en los niveles más básicos.
Uno de los aspectos más polémicos de este caso es que, según las declaraciones de Falcón, las gerencias del GOREHCO han justificado el incumplimiento alegando que “no tienen presupuesto” para contratar personal que se encargue del retiro de sus propios archivos. Esta afirmación, según el director, representa una clara muestra de desinterés administrativo y falta de planificación operativa.
“La responsabilidad no puede caer en los padres. Nosotros no tenemos recursos ni competencias para hacer ese trabajo. Y sin embargo, somos nosotros los que estamos vaciando oficinas públicas”, declaró el director. Añadió que, hasta la fecha, no ha recibido respuesta oficial ni del gobernador regional ni del vicegobernador, pese a los reiterados reclamos formales presentados.
Mientras tanto, la comunidad educativa se encuentra atrapada en la inacción de las autoridades, y sin certeza de cuándo podrán retomar el servicio presencial con condiciones adecuadas.
Como agravante, Falcón denunció que la institución cuenta desde hace años con un expediente técnico aprobado para la construcción de un nuevo colegio, pero el proceso está estancado. “El expediente tiene más de cuatro años. En agosto fue levantado con observaciones, pero hasta ahora no se han actualizado los precios, pese al alza en materiales. El proyecto está valorizado en más de 27 millones de soles, pero no hay una sola fecha de inicio confirmada”, afirmó.
Este retraso, sumado a la falta de aulas y el incumplimiento del desalojo, refleja —según el director— una cadena de negligencias que hoy recae directamente en los estudiantes. La solución provisional, explicó, es hacer uso del local de la Matusita por tres meses, mientras se gestionan ampliaciones de uso con la UGEL. Sin embargo, el riesgo de volver a ser desplazados persiste.
“La educación no puede seguir dependiendo de parches ni del esfuerzo de los padres”, concluyó Falcón. “El Gobierno Regional debe asumir su responsabilidad con hechos, no con promesas vacías”.
