Los trabajadores del campo anunciaron un nuevo paro para el 29 de diciembre.
Los trabajadores del campo salieron a las calles para protestar contra la Ley Agraria y exigir mejores condiciones laborales. En una jornada de reivindicaciones que se ha saldado con nuevos violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad por el bloqueo de carreteras.
Las manifestaciones fueron en las regiones de Ica (sur) y La Libertad (noroeste). Allí ya se registraron las primeras protestas a principios de diciembre para exigir la derogación de la Ley de Promoción Agraria.
Como en las primeras protestas, los manifestantes bloquearon varios puntos de la Panamericana Norte y Sur. Esto generó enfrentamientos con las fuerzas del orden, que intentaban restablecer el paso en la carretera.
Este martes se han producido violentos incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, después de que los primeros hayan retenido a un grupo de agentes en la provincia de Virú, en La Libertad.
Según la Fiscalía, al menos 26 agentes de la Policía han resultado heridos durante los enfrentamientos, de los cuales tres han sido trasladados a centros de salud.
El reclamo de los manifestantes es la aprobación de una nueva ley agraria por parte del Congreso. Piden que incluya el pago de 70 soles al día, beneficios sociales y otras prestaciones.
Por esto, han convocado un paro nacional para el próximo 29 de diciembre. Afirman que “el Gobierno no está teniendo un compromiso serio” y criticaron “la poca partida presupuestaria anual que destina la Administración al sector”.
Actualmente, los congresistas se encuentran discutiendo el nuevo proyecto de ley agraria, aunque este lunes volvió a fracasar el consenso ante la propuesta presentada, que fue devuelta a la Comisión de Economía para volver a evaluarla.
Las críticas hacia la Ley Agraria derogada en diciembre incluían el incumplimiento de la promesa de reducir la informalidad del sector, su contribución al deterioro de las condiciones ambientales de Perú –impulsando el monocultivo, extensión de la frontera agrícola y gestión inapropiada de los suelos– y una disminución de los beneficios tributarios para el Estado.
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