La persistencia en la diplomacia personal, a pesar de los rechazos, parece ser una característica distintiva del mandato de Dina Boluarte. La reciente negativa del Congreso para que viajara al Vaticano, con el fin de asistir al entierro del Papa Francisco, desató una serie de eventos que revelan la particular gestión de la presidenta y su relación con el poder legislativo. Este episodio pone de manifiesto la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, acentuada por las controversias sobre la legitimidad y las prioridades del gobierno actual.
Según la investigación publicada por El Comercio, la presidenta Boluarte, tras la prohibición del Congreso, buscó demostrar su devoción religiosa y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a sus detractores. Esto se materializó en una misa organizada en el patio de Palacio de Gobierno, transmitida por la señal de TVPerú. La ceremonia, aparentemente un acto de fe, implicó una movilización inesperada de asesores y ministros, quienes, confiados en la aprobación congresal, vieron alterado su domingo.
La organización de la misa no estuvo exenta de obstáculos. Fuentes eclesiales revelan que el despacho presidencial intentó, sin éxito, trasladar la misa dominical de la Catedral de Lima al Palacio de Gobierno. Ante la negativa del arzobispado, se propuso una misa privada para el entorno presidencial, con una lectura a cargo de la mandataria. Sin embargo, la iglesia rechazó cerrar las puertas de la Catedral a los feligreses, lo que llevó a la celebración de misas separadas.
El incidente no parece haber disuadido a la presidenta de viajar a Roma. El canciller Elmer Schialer, durante su estancia en la ciudad italiana para asistir al funeral, expresó su esperanza de que Boluarte solicite autorización para la entronización del nuevo Papa, cuya elección se espera entre el 11 y 15 de mayo. Esta declaración, matizada por la aclaración de que la decisión final recae en la presidenta, sugiere la posibilidad de un nuevo intento de viaje “por insistencia”.
La insistencia presidencial plantea interrogantes sobre la existencia de voces disuasorias dentro de su círculo cercano. A pesar del riesgo de fatigar a los aliados congresales y de exponerse a negociaciones costosas en términos de votos, parece que nadie se atreve a contradecir abiertamente los deseos de Boluarte. Los tres cancilleres que han ocupado el cargo hasta el momento han acatado su inclinación por los viajes sin cuestionamientos públicos.
Un ejemplo de esta dinámica es la inclusión del ministro de Justicia, Eduardo Arana, en la delegación que inicialmente acompañaría a la presidenta a Roma. Arana, según fuentes gubernamentales, expresó su desacuerdo con el viaje al canciller Schialer, excusándose por compromisos sectoriales. Este episodio sugiere una resistencia silenciosa dentro del gabinete, aunque sin confrontar directamente a la presidenta.
La justificación de estos viajes podría estar relacionada con la estrategia de política exterior definida para el año 2025, declarado como el “Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”. Este enfoque busca fortalecer la presencia internacional del Perú, con la presidenta asumiendo un rol de “embajadora de la marca Perú”. Boluarte ya había tenido experiencia en este ámbito como vicepresidenta, participando en cumbres internacionales como la APEC y el foro de Davos.
Es relevante recordar que el Congreso ya había negado permisos de viaje a Pedro Castillo en el pasado, generando tensiones diplomáticas, especialmente con el Vaticano. Este antecedente, sumado a las críticas por la gestión de las protestas sociales, no impidió que Boluarte viajara a Roma en octubre de 2023. La idea de ese viaje, según fuentes cercanas, surgió de la propia presidenta, y la escala en Alemania se interpretó como una justificación para el destino final.
